Con el 2023 en sus últimos días es necesario hacer una revisión de las causas judiciales del fuero provincial que están pendientes de resolución. Algunas de ellas llevan varios años sin una conclusión por parte del Poder Judicial pese a los reclamos de celeridad de parte de las familias de las víctimas.
Sin dudas, el caso emblemático de la falta de agilidad es la causa conocida como “Tragedia de la Alcaidía”, que tiene a cuatro policías imputados por el incendio que terminó con la vida de cuatro adolescentes, quienes estaban ilegalmente privados de la libertad. Este año se cumplieron doce años del fatídico incendio y tras casi una decena de suspensiones se espera que el juicio oral se concrete en el primer semestre del 2024.
La causa judicial por el trágico alud de El Rodeo es otra pendiente de resolución. El próximo 23 de enero se cumplirán diez años del fenómeno que terminó con la vida de doce personas. La investigación llegó a tener a trece imputados – entre los que estuvo el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral – pero por sobreseimientos la lista se achicó y quedaron únicamente como acusados el exintendente rodeíno, Félix Casas Doering y quien fuera director de Defensa Civil, Alfredo Saavedra. El último incidente fue en junio cuando la Corte de Justicia anuló la desestimación a un pedido de sobreseimiento por prescripción. El expediente está en el Juzgado Correccional pendiente de resolución.
En otro plano, hay causas por homicidios que todavía no conocen fecha de juicio. Uno de los casos es el asesinato de Yamil Mercado, ocurrido el 15 de diciembre del 2017 en Andalgalá. Los hermanos Juan Carlos y Matías Rojano son los sospechosos y están libres tras el vencimiento de la prisión preventiva.
El crimen de Ariel Ocampo, próximo a cumplirse tres años, también está en el tintero. Ocampo fue encontrado en un aljibe de Antapoca. Por el caso están imputados Cintia Soledad Bazán y su pareja Enzo Morales. Ambos podrían recuperar la libertad en enero por vencimiento de la prisión preventiva. Recientemente la Cámara de Apelaciones anuló de oficio la elevación a juicio lo que implica un nuevo retraso en la pesquisa.
Entre las causas con mora judicial también se encuentra el homicidio del locutor Pablo Lagoria Luna, quien murió en agosto del 2018 en Santa María. El joven se cayó desde una escalera tras ser empujado y al caer golpeó su cabeza contra el piso lo que le provocó el deceso. La causa fue elevada a juicio en tres ocasiones y tuvo sendos fallos adversos que motivaron que vuelva a la etapa de instrucción para corregir falencias.
En materia de delitos sexuales se espera que en los primeros meses del 2024 se concrete el juicio contra el sacerdote Renato Rasgido, quien enfrenta graves acusaciones por abusos y corrupción de menores en contra de un adolescente de Andalgalá. El debate iba a concretarse a principios de diciembre pero por pedido del abogado de la víctima y de la fiscalía se pospuso. El año próximo se cumplirá una década de la denuncia contra el cura.
Los casos mencionados son solo algunos del cúmulo de expedientes que esperan un desenlace por parte del sistema judicial tantas veces cuestionado por las negligencias en su desempeño. De ese lado, por su parte, aducen falta de recursos humanos y de herramientas para agilizar los procesos. En el medio, descolocados e impotentes, quedan los familiares de las víctimas quienes se cansan de peregrinar por los pasillos tribunalicios a la espera de un veredicto, una manera de ponerle punto final a tanto sufrimiento.