El juez federal Sebastián Diego Argibay procesó por lavado de activos y estafa a Edgardo Edmundo Bulacio, su esposa Alicia Nieva y su hijo Edgardo Federico Bulacio. También fue imputado por lavado de activos Gonzalo Barone, íntimo amigo de “Edgardito” y dueño de Level Gym y de la lomitería Betos.
El clan Bulacio solamente estaba procesado por “intermediación financiera no autorizada” y únicamente “Edgardito” seguía detenido en el penal de Miraflores. Nieva había sido beneficiada con la prisión domiciliaria en mayo de 2022, en tanto que en febrero, Edgardo Bulacio comenzó a cumplir el arresto domiciliario en su casa debido a su estado de salud.
En junio de 2022 el juez Argibay había resuelto los procesamientos pero declinó competencia en cuanto a la investigación de la estafa y la asociación ilícita. A su vez, había consignado que no había elementos hasta ese momento para avanzar con la acusación por lavado de activos. Esta resolución fue apelada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y, a fines de diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó a Argibay que “reasuma” la competencia.
Según la pesquisa, el dinero captado pertenecería a 2.500 inversores. Parte de este dinero era empleado para la compra de criptoactivos y la otra parte era destinada al pago de los porcentuales mensuales en concepto de intereses pactados (con tasas mensuales de hasta un 20 %).
“Estas sumas de dinero captadas por la empresa, al tiempo actual, se encuentran desaparecidas” expresó Argibay en el fallo y citó a Bulacio (h), quien en la última ampliación indagatoria reconoció que no cuentan con los fondos para hacer frente a los requerimientos de los ahorristas.
“La maniobra que se imputa es el lavado de los activos producto de la estafa, la que habría consistido en montar una estructura empresarial destinada a la defraudación de los privados, tomando dinero de diferentes inversores, que firmaban una declaración de licitud de los fondos y poniéndolos parcialmente en circulación a través del esquema piramidal, puntualmente, con la adquisición de aparatos para el gimnasio Level Gym y con la compra de la franquicia Betos”, señala el fallo.
De acuerdo con la pesquisa, los Bulacio adquirían USDT a un contacto en San Miguel de Tucumán. “Edgardito” se había contactado con Jerónimo Martínez Parada, a quien le llevaba los dólares.
Primero, éste le transfería los USDT a una billetera virtual de Bulacio y tras recibir la confirmación de que el dinero había ingresado, le hacía entrega de los dólares al intermediario tucumano, quien está imputado en la causa pero Argibay pidió la falta de mérito.
El nombre de Barone, junto al de su padre Marcelo y el de su hermano Santiago, surgió tras la presentación de un testigo de identidad reservada que “batió” datos que desencadenaron en un megaoperativo que se desplegó el 27 de octubre. Ese día, la ciudad se sorprendió por la presencia de Gendarmería Nacional en Level Gym y Betos, en pleno centro de la ciudad. En total hubo catorce detenciones y veinte allanamientos.
La Justicia puso la mira en Gonzalo Barone, quien había comprado la franquicia Betos por 75 mil dólares y había trasladado Level Gym a un local más grande y con aparatos de última tecnología, cuya cifra no pudo ser precisada.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz cuestionó la decisión de no imputar "asociación ilícita" a los sospechosos.
"Habla de roles y dice que no hay una asociación ilícita", mencionó Vehils Ruiz a El Ancasti.
"Soy muy respetuoso de los fallos judiciales pero en este caso no lo comparto porque es un cúmulo de arbitrariedades y contradicciones que hay que tratar de entender por su falta de contenido y conclusiones jurídicas", precisó.