Rojo. El dueño de Callvu permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores.
La Justicia Federal de Catamarca avanzará con la investigación que lleva adelante en contra de Cristian Rojo y su empresa, Callvu Servicios Financieros y Bursátiles, por presunta intermediación financiera no autorizada, estafa y lavado de activos en concurso real, con el delito de asociación ilícita y amenazas.
En este sentido, el juez federal, Miguel Ángel Contreras, citó a Ana María Oliva –madre de Rojo– y a Ramón Cordero –pareja de Oliva– para la declaración indagatoria de ambos. Oliva y Cordero fueron requeridos por la Justicia Federal para el jueves 16 de marzo en horas de la mañana.
Contreras también resolvió tomar otras medidas para con Oliva y Cordero, ambos imputados en la causa.
En el caso de Oliva, solicitó que se libre un oficio al Banco Santander Río para que la entidad remita el resumen y extracto bancario de las cuentas pertenecientes a ella a partir de enero de 2020 hasta febrero de 2023.
En la situación de Cordero, el magistrado determinó la inhibición general de bienes y el embargo de éstos. También ordenó que se libren oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA), al Registro Nacional Automotor y Créditos Prendarios de Catamarca, y al Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Catamarca, a los efectos de que tomen conocimiento de la inhibición general de bienes y para que efectúen el informe personal sobre los bienes que pudiera tener Cordero nombrado para su posterior embargo.
Además, Contreras pidió que se libre un oficio a la delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA) para que la fuerza realice un informe socioambiental de Cordero. Por último, solicitó un informe al Registro Nacional de Reincidencia para consultar por los antecedentes que pudiera tener Cordero.
A principios de febrero, Contreras tomó declaración a dos testigos. Uno de ellos es amigo de Rojo, quien fue inversor y le reclama una deuda millonaria. El testigo señaló que comenzó con las inversiones en el 2020 en Adhemar Capital pero que luego se contactó con su amigo Cristian Rojo para ingresar a Callvu. Formaron un pozo familiar y efectuaron una entrega millonaria y que el acuerdo era por seis meses y que mensualmente cobraba los intereses, con la posibilidad de “reinvertir”.
Según el testimonio, los pagos se realizaban con normalidad pero en los primeros meses de 2022 dejó de tener noticias de Rojo. “Un día, de la noche a la mañana, Rojo desapareció” comentó. Describió que al sospechoso lo conocía desde la infancia y que su estilo de vida había cambiado notablemente ya que se mostraba siempre en autos de alta gama y que viajaba constantemente en avión a Buenos Aires, en donde tenía un departamento pues en esa ciudad también trabajaba con inversiones.
Por último, el testigo señaló que guardaba el dinero en la oficina y que observó que tenía un cajón con dinero y bolsos.
Rojo está detenido y procesado. También están procesados Eduardo Guerrero (dueño de la Inmobiliaria Guerrero y quien habría aportado sus oficinas para el funcionamiento de Callvu), Pilar Sánchez Jorda y Silvina Segura, exempleada de la firma. En octubre fue imputada la madre de Rojo, Ana María Oliva.