Arresto. los asaltantes fueron capturados en Las Salinas.
El viernes último, la jueza de Control de Garantías de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en Recreo, La Paz, Corina Pérez, dispuso ordenar la libertad bajo caución a los dos imputados por el robo al Rapipago de esa comunidad. El 15 de marzo, la fiscal Jorgelina Sobh había solicitado la prisión preventiva.
Luis Alberto Herrera y Marino Manuel Daumas (ambos oriundos de la vecina provincia de Córdoba) habían sido imputados por el delito de “robo calificado por el uso de arma”. El hecho en cuestión sucedió el 18 de febrero. A punta de pistola, dos asaltantes se llevaron $20.000 del citado comercio. Luego, con el botín, a bordo de un auto Ford Fiesta se dieron a la fuga.
Avisados sobre este hecho de inseguridad, personal policial inició el operativo para dar con los sospechosos. De esta manera, efectivos de la Unidad Regional N° 2 en coordinación con sus pares de la Dirección de Seguridad Vial de la Provincia desplegaron un dispositivo de seguridad para dar con los sospechosos. Minutos más tarde, con la colaboración de personal del Escuadrón Núcleo dependientes de la Agrupación VIII “Catamarca” de Gendarmería Nacional en apoyo a agentes de la Policía Vial provincial, interceptaron al rodado sindicado. Para ello se dispuso un operativo cerrojo en cercanías de la Patrulla Fija “Las Salinas”. Sobre la Ruta Nacional N° 60 arribó un vehículo con las características indicadas por el personal policial. En este rodado se trasladaban los asaltantes sindicados.
Al respecto, se detalló que durante el procedimiento también se secuestraron una pistola automática Bersa, calibre 22, y 19 municiones del mismo calibre, además del vehículo en el que se conducían.
Desde entonces, los acusados se encuentran privados de la libertad. En las primeras instancias, contaron con asesoramiento de la defensa oficial. A mediados de mes, el abogado Juan Pablo Morales asumió la defensa de ambos acusados.
En la audiencia de prisión preventiva, el defensor había planteado nulidades de medidas probatorias, tales como el reconocimiento en rueda de personas y del arma secuestrada. Ambos planteos fueron desestimados por la magistrada. No obstante, dispuso ordenar la libertad bajo caución de $400.000 e imposición de medidas restrictivas.