En pleno conflicto entre el Gobierno nacional y los gobernadores por el reparto de ATN y el impuesto a los combustibles, la gestión libertaria repartió $10.500 millones en ATN. En este sentido y de acuerdo a lo publicado por INFOBAE, este dinero se distribuyó en tres provincias aliadas que el Ejecutivo quiere volver a seducir tras el revés de las últimas semanas en el Parlamento donde se aprobó una batería de proyectos en contra de la gestión de Javier Milei.
Se trata de Catamarca, Salta y Tucumán, los dos últimos casos, están en el podio de las más beneficiadas por el gobierno en el reparto de ATN cuya distribución quiere ser rediscutida por los gobernadores a través del coeficiente de coparticipación con la aprobación definitiva del proyecto que ya obtuvo media sanción del Senado, presentado de manera inédita por las 23 jurisdicciones y la Jefatura del gobierno porteño. Según los registros oficiales, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo recibieron en julio $3.500 millones cada uno en concepto de aportes del tesoro.
Por otra parte y analizando los números desde el inicio del año, en total, el Ejecutivo repartió en aportes del tesoro, que se componen del 1% del régimen de coparticipación federal y que le corresponden a las provincias, $104.500 millones entre 15 provincias. Los más beneficiados fueron Rolando Figueroa (Neuquén) que recibió $15.000 millones, Sáenz (Salta) que percibió $13.000 y Jaldo (Tucumán) que se quedó con $12.000. En cuarto lugar aparece el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un desembolso único de $10.000 millones de marzo pasado, producto de las inundaciones que golpearon a la localidad de Bahía Blanca.
Hasta la fecha, no hay avances entre los gobernadores y la Nación por los fondos y por ahora no hay acuerdo para evitar la aprobación de los proyectos que convertiría al Impuesto a la Transferencia de Combustibles y al Dióxido de Carbono en un tributo coparticipable y el reparto del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Es que, en principio, podrían quedarse con $1,5 billones más respecto del dinero que reciben actualmente de la Nación por coparticipación o transferencias no automáticas, según estimaciones de la Fundación Mediterránea.
“Considerando conjuntamente ambas reformas, el costo fiscal total para el Sector Público Nacional (SPN) se estima en 0,18% del PIB si las medidas hubiesen estado vigentes en 2024, y 0,21% en 2025. Equivaldría a cerca del 60% del superávit financiero nacional de 2024 y primer semestre de 2025”, advierte la entidad con sede en Córdoba.