El nuevo informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura remarcó la deuda que mantiene la provincia desde 2022.
El nuevo informe anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), indicó que Catamarca es una de las seis provincias del país que aún no cuenta con un Mecanismo Local de Prevención (MLP): el organismo previsto para realizar visitas independientes de monitoreo a los lugares de encierro. El último proyecto de ley para crearlo perdió vigencia en 2023 y desde entonces no hubo avances legislativos.
Esa ausencia implica que es el propio CNPT nacional quien debe encargarse del monitoreo en la provincia. En ese marco, el organismo trabaja junto a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca para impulsar visitas y fortalecer el control institucional. No obstante, la creación del mecanismo local sigue sin concretarse.
La deuda no es nueva y el reclamo, tampoco. En diciembre de 2025, el informe del CNPT, con duras críticas a la provincia de Catamarca, recriminó no haber atendido las principales recomendaciones que se habían hecho en 2022 respecto al accionar de las fuerzas de seguridad, las condiciones de los centros de detención y los hechos de tortura y maltrato.
Según el informe, tras las visitas realizadas en agosto de 2024, se advirtió sobre episodios "aislados" de tortura y malos tratos que "se han instalado", cuya utilización es "sistemática y generalizada". También advirtieron que no hay avances en las investigaciones administrativas ni judiciales.
El CNPT realizó inspecciones en el Servicio Penitenciario Provincial (de varones), en Capayán, y en la Unidad Penitenciaria Nº2 de Mujeres. En este contexto, se efectuaron reuniones con autoridades del Gobierno de la Provincia, de la Corte de Justicia y la Legislatura y se realizó una "mesa interinstitucional" para evaluar el avance en la implementación de las recomendaciones realizadas en 2022, además de llevar a cabo capacitaciones basadas en el monitoreo de lugares de detención, registro y estándares para la investigación de casos de tortura, malos tratos y muertes potencialmente ilícitas destinada a actores judiciales. En estos seis meses, no hubo avances.
El CNPT caracteriza estas prácticas —golpizas, sujeciones, medicación forzada, uso de armas menos letales— como “institucionalizadas”: métodicas, sistemáticas y regulares, que se repiten en el tiempo y alcanzan a numerosas personas en distintas jurisdicciones. Lo que ocurre en Catamarca, según el informe, no es una excepción. Es parte de un patrón.
Además, en el informe, la provincia aparece mencionada en tres prácticas sistemáticas de violencia institucional. El informe describe represalias ante reclamos, medicación forzada y uso indiscriminado de armas menos letales. Catamarca tampoco cuenta con un mecanismo local de control. De acuerdo con el informe, la provincia registra 511 personas en contexto de encierro, sin precisar establecimientos.
El CNPT incluyó a Catamarca entre las jurisdicciones donde se registraron testimonios de golpizas, sujeciones físicas y uso de armas menos letales dentro de los espacios de encierro. El informe describió un patrón de prácticas que el CNPT caracteriza como sistemáticas e institucionalizadas. Uno de los hallazgos más graves que el informe atribuye a Catamarca es la producción de golpizas en respuesta a los reclamos de las personas detenidas. Según el CNPT, los espacios de encierro se caracterizan por tener canales formales poco claros para que la población penal presente solicitudes o acceda a sus derechos. Cuando alguien insiste, el mecanismo suele ser la represión.
“Se relató la producción de golpizas más intensivas dentro de un sector del establecimiento, conocido como ‘la torre’”. Los testimonios describen que las víctimas fueron suspendidas de sus extremidades superiores a un poste o escalera, o sometidas a la posición denominada barquito —esposadas de pies y manos por la espalda, boca abajo—, permaneciendo en esas condiciones por varias horas.
De acuerdo con este informe, el CNPT también detectó en Catamarca prácticas de medicalización forzada, aunque de manera más excepcional que en otras provincias. El informe describe esta modalidad como la aplicación de sujeciones mecánicas o químicas sin criterio médico, en combinación con agresiones físicas: personas inmovilizadas en camas o camillas a quienes se les inyecta o se las obliga a tomar medicación que provoca somnolencia. La práctica fue identificada principalmente en Córdoba, pero el informe la registra también en Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca y Misiones.
Además, Catamarca figura también entre las jurisdicciones donde el CNPT relevó el uso indebido de armas menos letales ante conflictos o protestas colectivas. El informe describe el ingreso de grupos de requisa a los pabellones realizando disparos de balas de goma y arrojando aerosoles químicos irritantes “de modo indiscriminado sobre el conjunto de la población, estén o no las personas involucradas en las agresiones que se buscarían neutralizar”. La provincia aparece en esa lista junto a Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe, Tucumán y el Servicio Penitenciario Federal.
El informe también releva que en Catamarca se registró una muerte en 2022 (tasa 1,9 cada mil personas privadas de libertad), una en 2023 (tasa 2,0) y dos en 2024 (tasa 3,7). En dos años, la tasa de mortalidad bajo custodia en la provincia casi se duplicó. A nivel nacional, entre 2022 y 2024 las muertes bajo custodia aumentaron un 15,3%, en línea con el crecimiento de la población encarcelada.