Las últimas estadísticas de la pobreza ubicaron a Catamarca cinco puntos por encima de la media nacional, en el marco de una escalada sostenida.
Las últimas estadísticas de la pobreza ubicaron a Catamarca cinco puntos por encima de la media nacional, en el marco de una escalada sostenida.
El 44,3% de las 230 mil almas que habitan el Gran Catamarca se encontraba en esa situación al concluir el segundo semestre del año pasado, con un 6,6% en indigencia.
Fueron cuatro puntos más que en el primer semestre y 4,3 más comparado con el segundo de 2021. Estos indicadores acompañan la inercia general de degradación del país, pero con mayor profundidad: el incremento de la pobreza nacional entre el primer y el segundo semestre de 2022 fue de tres puntos, no de cuatro.
Hay que hacer, además, una aclaración. La estadística se elabora sobre un universo de 30 millones de argentinos, no sobre los más de 45 millones registrados en el último censo, de manera que la cantidad de personas castigadas por el fenómeno es superior a las 11,5 millones nacionales o los más de 100 mil catamarqueños.
Desolador y nada habilita suponer que vaya a variar. Los números de la miseria siguen su ascenso en la espiral de la pauperización.
La cruda realidad impone ajustar las políticas de asistencia social que se despliegan desde el Ministerio de Desarrollo Social desde hace años.
Desde el escandaloso fraude con las compras directas de elementos para asistencialismo a principios de los 2000, el área fue jerarquizada de subsecretaría en la órbita de Salud a Secretaría de Estado bajo dependencia directa del Gobernador, primero, para adquirir luego rango de Ministerio. Los resultados demuestran lo cosmético de estas maniobras burocráticas, operadas como reacción a controversias siempre vinculadas a corruptelas y exponen un problema de orden estructural que es preciso abordar para que el auxilio del Estado llegue a sus destinatarios teóricos y, aparte, el organismo deje de ser concebido como botín político por las millonadas que administra.
Lo que ha fracasado no es una gestión, sino toda una concepción del manejo asistencial, sostenida a lo largo de al menos dos décadas y la reticencia del poder a revisar el esquema queda al desnudo en el volumen político de quienes son encumbrados en la repartición, que es un elemento central si se pretende darle un giro.
Como Desarrollo Social está en la primera trinchera de la crisis, sus deficiencias repercuten en todas las áreas. Este vínculo de causa y efecto es particularmente notorio con la salud pública –otra que bien baila- que debe receptar la demanda creciente de quienes sufren patologías propias de la pobreza.
No puede desconocerse, por otro lado, que la pertinacia en los métodos de asistencialismo ha ido afianzando durante lustros en el circuito burocrático formal e informal grupos de poder reacios a cualquier cambio que pueda mermarles gravitación e ingresos, de modo que la autoridad política y el respeto hacia quienes se hacen cargo de la conducción de la cartera adquiere una importancia mayor para imponer los cambios necesarios.
La micro-inoperancia tiene en Desarrollo Social consecuencias mucho más dramáticas que en otras parcelas del organigrama. No sería justo achacarle al ministerio la responsabilidad por el aumento de la pobreza, que obedece a múltiples causas, pero sí exigirle un desempeño eficaz en morigerar el sufrimiento de los que menos tienen. La difusión insistente de inversiones multimillonarias en obras de megainfraestructura terminan teniendo un efecto contraproducente, irritante, sin la contrapartida de mejores condiciones de vida.
Es evidente que la rotación en los niveles jerárquicos no se ha traducido en la eficacia de prestaciones que resultan cada vez más indispensables, dado el agravamiento de la situación.
Lo sostenido del aumento de la pobreza pese al repunte del empleo plantea un enorme desafío político y actores a la altura de las circunstancias.