La crónica indica que una niña electrodependiente y con hidrocefalia de dos años de edad falleció el pasado domingo. La familia de la pequeña víctima solicitó la realización de una autopsia para despejar dudas sobre las causas del deceso, pero al mismo tiempo se quejó, con sobradas razones, de la demora en la que incurrió la Obra Social de los Empleados Públicos para proveerle de un oxímetro. La autopsia determinó que la causa de la muerte de la niña fue un edema cerebral agudo producido por hidrocefalia, pero no se sabe a ciencia cierta si la falta del aparato influyó o no en el deceso.
Los directivos de OSEP reconocieron la demora, pero descartaron que la muerte de la nena haya tenido vinculación con la falta de provisión del oxímetro. El abogado de la familia de la niña, Bruno Jerez, consideró que la burocracia administrativa contribuyó “a que se desencadenen casos fatales como el de un angelito de dos años”. Las dudas quedan y deberán las pericias determinar si la negligencia administrativa fue determinante en el fatal y triste desenlace.
Lo cierto es que el aparato se empezó a gestionar en julio del año pasado, presentando la documentación exigida. Pasó el tiempo y el expediente casi no tuvo avances. Recién ingresó a la Dirección de OSEP el 9 de febrero, unos días antes de que la nena falleciera. Durante siete meses la burocracia administrativa, la falta de organización, la indolencia, la falta de contracción al trabajo o la negligencia –o todas esas cosas juntas- provocaron que un trámite simple, que no debería demorar más que días si los mecanismos administrativos funcionaran correctamente y hubiese buena voluntad y empatía, se prolongara tanto en el tiempo.
Podrán cargarse las tintas sobre algunos empleados, que cajonearon el expediente o dilataron el pase a la oficina siguiente en el siempre engorroso camino que las gestiones deben enfrentar en los despachos del Estado, pero la responsabilidad central es de los funcionarios, directivos y personal jerárquico, plantel que debe garantizar que los trámites fluyan, sobre todo si, como en este caso, se trata de temas vinculados a la salud de las personas.
OSEP tiene una larga tradición en dilaciones injustificables. Pero no tiene exclusividad en la defección: la burocracia se propaga como maleza después de la lluvia por todas las oficinas públicas. Sucede que en áreas sensibles, vinculadas a la salud pública o la ayuda social directa, los retrasos provocan consecuencias graves, y seguramente en muchos casos irreversibles.
La Justicia deberá determinar si la demora en la que incurrió la obra social incidió o no en el triste desenlace. Por lo pronto, es de esperar que el impacto de la noticia pueda ser motivo de análisis de las autoridades de todas las áreas de la administración pública a los fines de diseñar las mejores estrategias que terminen con una burocracia que cansa, aplasta y, tal vez, mata.
