El Informe Preliminar del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial (IA), elaborado por un comité de cuarenta expertos convocado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aspira a ser una hoja de ruta objetiva para que los Estados puedan orientar sus decisiones frente a una transformación tecnológica que avanza aceleradamente.
La conclusión central del informe es que la inteligencia artificial se desarrolla a una velocidad que excede la capacidad de la ciencia para comprender sus efectos y la de los gobiernos para regularla. Esto significa que las sociedades están incorporando, a escala masiva, sistemas cuyas consecuencias últimas todavía no logran dimensionarse acabadamente, y que los marcos normativos, cuando existen, llegan tarde.
Como ocurre con toda tecnología, la inteligencia artificial no es buena ni mala en sí misma; su valor depende del uso que las personas, las empresas y los Estados decidan darle. Y en ese sentido, el informe es elocuente respecto de los beneficios ya tangibles que la IA produce. En el campo de la salud, acelera el descubrimiento de fármacos y vacunas y mejora la detección temprana de enfermedades, con un impacto potencial enorme sobre sistemas sanitarios crónicamente saturados. En seguridad alimentaria y agricultura, los modelos predictivos y los sistemas de alerta temprana permiten anticipar crisis alimentarias y optimizar la productividad de los cultivos, una dimensión especialmente relevante para regiones agroexportadoras como la Argentina. Y en educación, la personalización del aprendizaje mediante herramientas basadas en IA abre una vía concreta de inclusión digital para poblaciones históricamente rezagadas.
Pero el mismo informe es igual de explícito respecto de los riesgos. El primero es de naturaleza técnica: la creciente dificultad para auditar y medir los procesos de decisión autónoma de sistemas cada vez más complejos, lo que afecta la posibilidad misma de control humano efectivo. El segundo remite al mal uso deliberado: automatización de ciberataques, desinformación a escala industrial, fraudes financieros sofisticados y, en el escenario más inquietante, el diseño de amenazas biotécnicas. El tercero es social y ya está entre nosotros, como por ejemplo los efectos nocivos sobre la salud mental de los usuarios, precarización de los mercados laborales, y una brecha digital que, lejos de cerrarse, se ensancha.
El trabajo señala, además, que el desarrollo y la riqueza que genera la inteligencia artificial están fuertemente concentrados en un puñado de corporaciones y de países del Norte Global. Esa concentración excluye las necesidades específicas del Sur Global de la agenda tecnológica dominante y, al mismo tiempo, facilita que regímenes autoritarios o monopolios privados socaven la rendición de cuentas democrática y la autonomía tecnológica de los países que no participan del núcleo de innovación.
El informe de la ONU se pronuncia a favor de construir gobernanza global a la misma velocidad que la innovación, antes de que la ventana de oportunidad para hacerlo se cierre. Minimizar los riesgos descriptos y potenciar los beneficios reales de la tecnología forman parte de una política pública responsable.