Aseguró que fue extorsionado por Carlos Correa, Joaquina (Sic) y otros socios, que se habrían quedado con más de 20 millones de dólares.
Edgar Bacchiani cuestionó el proceso de quiebra de Adhemar Capital SRL y apuntó directamente contra el síndico, a quien acusó de no realizar las acciones necesarias para recuperar los bienes que, según afirmó, fueron sustraídos por sus socios.
Durante la audiencia realizada en marzo ante el Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el síndico Walter Javier Andrada no avanzó en la recuperación de activos que podrían ser utilizados para pagar a los damnificados.
Aseguró que el funcionario “responde exclusivamente al abogado Carlos Correa, a Segli y a algún otro político que anda dando vueltas, como Joaquina (escribana Córdoba Gandini) y el contador público Iván Segovia, que son todos extorsionadores”. Aseguró, además, que Correa lo extorsionó con la causa del bar Wika.
Por otra parte, afirmó que el abogado se quedó con propiedades valuadas en más de 20 millones de dólares que luego fueron mal vendidas en el marco de la quiebra, y remarcó que esos bienes podrían haber sido utilizados para cubrir las deudas con los inversores. En ese sentido, aseguró que su defensa, a cargo de Ezequierl Walther, es la única que está intentando que los acreedores cobren, mientras que observa “desinterés” de las querellas para avanzar en la recuperación patrimonial.
También denunció el vaciamiento de distintas unidades comerciales vinculadas a la estructura empresarial, entre ellas la ferretería y corralón Mi Viejo y el emprendimiento Medialunas Calentitas, que, según indicó, tenía una rentabilidad mensual de aproximadamente tres millones de pesos y desapareció cuando pasó a ser administrado por el síndico.
Sostuvo que, tras la intervención de Andrada, de Medialunas Calentitas “desapareció todo”, y criticó la decisión de que al frente del negocio quedaran José Blas y Alexis Sarroca, situación que, según dijo, denunció en Fiscalía sin obtener respuestas.
Por otra parte, aseguró que desaparecieron bienes muebles de las oficinas de la casa matriz en Catamarca y de las sucursales ubicadas en Córdoba y Tucumán, incluyendo mobiliario valuado en unos 600 mil pesos.
Incluyó un equipo acondicionador de aire de aproximadamente 60 mil dólares que había sido adquirido a un comerciante local, “y no sé dónde está”, y remarcó que todos esos elementos podrían ser acreditados en el expediente y utilizados para pagar a los acreedores.
Ante estas declaraciones, una querella señaló que la acción civil no se dirige únicamente contra Bacchiani, sino contra él y otros 11 imputados, por lo que resulta imposible exigir la recuperación de bienes a una sola persona.
Finalmente, denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público a la fiscal cordobesa Valeria Rissi, quien investigó la causa por 50 hechos de estafa por la que fue condenado a nueve años de prisión, y aseguró que su exgerente de la sucursal de Córdoba, García Alaimo, “nunca estuvo prófugo” y que ella “lo dejó ir”. Para Bacchiani, el sujeto también fue parte del sistema montado para desapoderarlo de sus bienes.
La declaración de Bacchiani quedó incorporada al expediente, sumando un nuevo frente de conflicto en el proceso de quiebra, en el que insiste en que existen bienes y activos en manos de terceros que no están siendo recuperados, lo que, según su postura, retrasa el pago a los acreedores.
En el año 2025 el contador Iván Segovia, exasesor de Adhemar Capital, se presentó en la sala de audiencias del Juzgado Federal y realizó una nueva visualización de las operaciones de las billeteras virtuales de la firma mediante la plataforma Cointracker.
En la audiencia se confirmó que las cuentas fueron vaciadas, lo que fortalece la hipótesis de una quiebra fraudulenta y abre una nueva etapa en la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
Según se informó, a febrero de 2022 las billeteras contaban con fondos suficientes que, de haberse mantenido, habrían permitido devolver el capital a todos los inversores bancarizados.
Sin embargo, los registros mostraron que las cuentas tenían existencias certificadas por varios millones de dólares en diciembre de 2021, pero dos meses después, antes de la detención de Edgar Adhemar Bacchiani, los fondos ya no estaban.
De la visualización participaron Segovia, Sofía Piña, representantes de la Fiscalía y del Juzgado, y personal de Gendarmería Nacional, quienes coincidieron en que el resultado fue positivo para la causa, ya que se verificó la inexistencia de fondos en la actualidad.
Además, el contador aportó un posible procedimiento de auditoría para rastrear el destino del dinero, propuesta que fue aceptada por los peritos.
También se detectaron movimientos en el período en que Bacchiani permanecía detenido en La Rioja, lo que será incorporado a la investigación para determinar el recorrido final de los fondos. n