Hace mucho tiempo que se conocen las medidas políticas que Javier Milei adoptaría en caso de ser presidente de la nación. La gran mayoría de ellas pasaron inadvertidas hasta que el candidato libertario fue el más votado en las PASO del 13 de agosto. Entonces, lo que parecían enunciados de cumplimiento improbable alcanzaron probabilidad de un día para el otro. Y aquellas medidas, muchas de ellas polémicas, empezaron a analizarse con mayor detenimiento.
Quizás la que más atención, y rechazo, concentró, es la de la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la privatización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Desde el espacio libertario han señalado que en el Conicet, ente autárquico dedicado a promover la investigación científica y tecnológica del país creado por Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina, está “lleno de ñoquis”. Se trata de una falacia que han desmentido desde los más diversos sectores políticos, a excepción del que representa Milei. Los científicos que trabajan en el Conicet tienen, además de una carrera de grado, posgrados, doctorados y hasta posdoctorados. Y sus aportes son muy valorados.
Las críticas hacia los científicos no son nuevas. Se recordará cuando Domingo Cavallo, ministro de Carlos Menem y luego de Fernando de la Rúa, en el contexto de una polémica por el fuerte recorte del presupuesto para la investigación, mandó a los científicos a “lavar los platos”. En la actualidad, la avanzada de Milei ha tenido incluso algún correlato de violencia protagonizada por alguno de sus seguidores. Ayer se conoció, por ejemplo, que dos becarias del Conicet fueron amenazadas en plena vía pública por una persona, que las siguió diez cuadras y las intimidó diciéndoles que “deberían tener miedo porque se termina esto de la ciencia”.
El Conicet trabaja articuladamente con el sector privado todo el tiempo. De hecho, organizaciones vinculadas al desarrollo productivo como la Unión Industrial Argentina o la Sociedad Rural Argentina tienen representantes en el organismo. El actual ministro del área, Daniel Filmus recordó en estos días que “hay 55 empresas de base tecnológica que fueron creadas por investigadores del Conicet y que crecieron por la inyección de capital privado”. Y que “actualmente, la institución tiene 985 patentes activas”.
Otras épocas del país en que las autoridades han despreciado el aporte de los científicos argentinos provocaron el exilio masivo de miles de investigadores, que debieron poner su conocimiento y capacidad al servicio de otras naciones.
Tal vez la reacción en bloque del resto de las fuerzas políticos y de un sector importante de la ciudadanía que valora el aporte de los científicos argentinos financiados por el Estado haga revisar este avance contra la comunidad de investigadores de la Argentina. El apoyo público al desarrollo de la ciencia y la tecnología no solamente debe mantenerse, sino además convertirse en política de Estado.