Los doce médicos que están imputados expresarán sus agravios en contra de la investigación.
La causa conocida como las “órdenes truchas” llega a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos porque los doce médicos imputados se opusieron a la elevación a juicio que había confirmado Control de Garantías, tras la investigación de dos fiscales. El viernes 13 habrá dos audiencias en la que los imputados plantearán sus agravios, pues la causa quedó dividida en dos grupos de médicos.
En marzo de 2021, el fiscal de la Unidad de Delitos Especiales contra la Administración, Facundo Barros Jorrat, elevó a juicio a otros cuatro médicos en el marco de la investigación judicial conocida como las “órdenes truchas” de OSEP. Ese acto venía a completar lo que había quedado pendiente sobre estos profesionales, ya que en agosto de 2019 el ex fiscal Marcelo Sago había imputado y envió para el debate oral a ocho profesionales.
En esta resolución del fiscal Barros Jorrat están involucrados los médicos Carlos Vega Ramírez, Federico Sandez, Carlos Rafael Tolosa y Fabiana Olivato. La causa fue al Juzgado de Control de Garantías Nº 2, a cargo de Cecilia Mas Saadi, dado que los imputados plantearon su oposición a la medida. La jueza confirmó el dictamen del fiscal y ahora los médicos imputados plantearán sus objeciones ante la Cámara integrada por Elena Berrondo, Edgardo Álvarez y Juan Rosales. Tras escuchar los agravios, la Cámara se tomará algunos días para resolver el planteo.
Ya en agosto de 2109, Sago había enviado a juicio la causa por las presuntas irregularidades con órdenes de OSEP al Juzgado de Control de Garantías Nº2 con las oposiciones de las defensas de los médicos. En 2020, la jueza resolvió no hacer lugar a esos planteos y confirmó la elevación a juicio. Igualmente todas las defensas hicieron uso del recurso de apelación y realizaron las presentaciones cumplimentando los pasos estipulados. La defensa de los médicos imputados consideró que Sago no había profundizado la investigación y que fue “parcial” al momento de considerar los testimonios recibidos en la causa. En esta línea sostuvieron que la jueza siguió la misma línea que la Fiscalía.
La causa se inició en diciembre de 2013 cuando la Comisión Directiva del Colegio Médico denunció en Fiscalía General la existencia de una gran cantidad de órdenes médicas irregulares o “truchas” que habían sido presentadas por un grupo de médicos para facturarlas a la OSEP.
Meses más tarde fueron imputados catorce médicos por el delito de "fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal, con uso de instrumento privado adulterado". En cada caso en particular se los acusa de haber fraguado o adulterado órdenes de consulta médica de la obra social por atenciones a afiliados de OSEP que no habrían realizado y por las cuales pretendían cobrar. Los profesionales imputados y enviados a juicio durante la gestión de Sago en la Fiscalía fueron: Juan León Córdoba Bustos, Marcelo Eduardo Ubaid, Javier Alejandro Codigoni, Nelson Walter Silva, Rolando Marcelo González, Bruno Ariel Robledo, Hugo Leonardo Pacheco y Lilian Beatriz Penise.
Mas Saadi, en su resolución, había determinado que el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, resolviera en un plazo no mayor a 45 días la situación procesal de los médicos Vega Ramírez, Sandez, Tolosa y Olivato. Sus defensas habían planteado recursos por lo que la Fiscalía formó los incidentes correspondientes que corren desglosados de la causa principal, y resolvió la situación de los cuatro imputados mediante el requerimiento de citación a juicio.
Del número original de médicos que fueron imputados en primera instancia por los fiscales (14), dos personas fueron desvinculadas: Miriam Argañaraz y Oscar Argentino Tapia. La primera es una mujer muy humilde de Santiago del Estero, a la que le utilizaron la identidad para hacerla pasar por médica recibida en Córdoba. En el caso de Tapia es un joven discapacitado con síndrome de Down, también de Santiago del Estero. Tras la denuncia del Círculo Médico en 2013 siguió una similar que el ex interventor de la OSEP Julio Cabur realizó ante la Fiscalía de Estado para que investigue la facturación de noviembre de 2013.