Auce denunció persecución política tras su suspensión

Entre los hechos que, según explicó, mencionó el pedido de informes que impulsó para conocer el destino de dos partidas de $100 millones enviadas por el Gobierno provincial al municipio. Según afirmó, la respuesta remitida por el Ejecutivo fue "incompleta" y no detalló el destino de la totalidad de los fondos solicitados.

Auce también cuestionó el tratamiento legislativo del expediente. Aseguró que cuando concurrió a la comisión donde debía analizarse el informe "no había ningún concejal" y que posteriormente se enteró de que la reunión se había realizado al día siguiente sin haber sido convocado.

"Yo presenté el proyecto y trataron el expediente sin el autor del pedido de informes. Lo único que hago es pedir informes y controlar. Ese es el rol que tiene un concejal", sostuvo.

El edil fue más allá y afirmó que continuará impulsando pedidos de información sobre otros aspectos de la gestión municipal. En ese sentido, mencionó la explotación de la cantera municipal, la cantidad de empleados y becados que dependen de la comuna y la utilización de distintos recursos públicos.

"Cuando empezamos a transparentar cómo se administran los recursos de los vecinos, nos quieren callar con una suspensión", expresó.

Agresión tras la sesión

Otro de los momentos más tensos de la conferencia estuvo relacionado con la denuncia que formuló contra el concejal Franco Soria, hijo del intendente.

Auce aseguró que, una vez finalizada la sesión en la que se aprobó su suspensión, el edil oficialista lo increpó y lo agredió físicamente.

"Me empujó contra la pared, me agarró del cuello y me dijo unas palabras que ahora no vienen al caso. Los demás concejales tuvieron que intervenir para separarlo", relató.

Según indicó, el episodio fue presenciado por el presidente del Concejo Deliberante, el secretario del cuerpo y otros ediles presentes. El concejal cuestionó que no se haya adoptado ninguna medida disciplinaria contra Franco Soria y sostuvo que mientras él fue suspendido por una supuesta falta de respeto, el hecho que denunció no tuvo consecuencias.

Además, afirmó que antes del inicio de la sesión no se permitió el ingreso de su secretario administrativo, quien habitualmente registra en video el desarrollo de las reuniones del cuerpo.

Las declaraciones de Auce se produjeron un día después de que la Municipalidad de Huillapima difundiera un comunicado en el que rechazó "las acusaciones infundadas" formuladas por el concejal y sostuvo que intenta "victimizarse" tras la suspensión resuelta por el Concejo Deliberante.

En ese documento, el Ejecutivo aseguró que el pedido de informes sobre los recursos provinciales fue respondido "en tiempo y forma" y afirmó que el expediente fue tratado en comisión 14 días antes con la presencia y notificación formal del propio edil. Además, sostuvo que Auce recurrió a los medios de comunicación para "falsear la realidad de los hechos" y reafirmó el compromiso de la gestión con la transparencia, el respeto institucional y el cumplimiento de las normas democráticas.

Acciones judiciales

El abogado del concejal confirmó que ya trabaja en las presentaciones judiciales para solicitar la nulidad de la suspensión.

El letrado calificó la medida como "ilegítima y desproporcionada", al sostener que no se respetaron las garantías procesales previstas por la normativa vigente. Además, señaló que Auce aún no fue notificado formalmente de la resolución y advirtió que la sanción implica también la suspensión del pago de sus haberes durante los 60 días establecidos por el Concejo Deliberante.

Durante la conferencia también estuvo presente el diputado provincial Hugo Corpacci, quien expresó su respaldo al concejal y atribuyó el conflicto al desgaste de la gestión municipal, por la falta de transparencia.