Se trata de Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, quienes advierten sobre las consecuencias de un posible fallo negativo.
Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador se presentaron como "amicus curiae" en la Corte de Apelaciones de Manhattan, en Estados Unidos, para que la Argentina no sea condenada a pagar US$16.000 millones por la causa que investiga la expropiación de la petrolera YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
"Las naciones soberanas tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras del país", reza un fragmento publicado por el diario Financial Times respecto de los escritos que presentaron los países sudamericanos.
En ese sentido, consideraron que el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Presta "amenaza con perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos, y sus residentes corporativos y Estados Unidos".
Estos cuatro países sostienen que el tribunal estadounidense intercedió en un asunto doméstico, puntualmente en una empresa que se encuentra en Argentina, regida por estatutos y leyes locales.
Preska en su fallo explicó que YFP cotiza en Wall Street y las empresa accionistas fueron los que hicieron la demanda por verse perjudicadas tras la expropiación.
Según compartió el mismo medio, en el escrito, Brasil y Uruguay remarcan que "los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la ley vigente, y fue dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción".
A su turno, citan que Chile y Ecuador hicieron hincapié sobre el peligro de estas sentencias "cada vez mayores y más amplias por parte de tribunales estadounidenses". De ese modo, advirtieron que ello podría impactar de manera negativa en la participación de empresas de la región en Wall Street.
Por otro lado, en la corte de Estados Unidos también hicieron sus presentaciones algunas provincias productoras de hidrocarburos como Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, Jujuy, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego; el Colegio Público de abogados de CABA y exjueces argentinos.
En febrero, Argentina apeló formalmente el fallo de primera instancia que lo condenó a pagarle USD 16.000 millones, más intereses que corren día a día, a Burford.
En su presentación, los abogados del Estado local –Argentina está representada en EE.UU. por el estudio Sullivan & Cromwell y la estrategia la lleva adelante la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra– plantearon ante la Corte de Apelaciones que Preska podría haber cometió un error al ejercer jurisdicción sobre casos “que involucran las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina, ya sea por cuestiones de foro no conveniente o de reconocimiento de leyes de otro país” y cuestionaron el monto multimillonario que la jueza indicó que tiene que pagar el país.n
