Cada vez con más frecuencia, episodios de alto impacto dramático recuerdan que la Argentina es un Estado fallido. Tal condición pasa por lo general inadvertida, naturalizada por la sociedad a lo largo de cinco décadas de sostenida degradación.
Se considera un Estado fallido al que no puede garantizar su propio funcionamiento porque ha perdido el monopolio de la fuerza, sufre un vacío de poder, legitimidad disputada o instituciones frágiles y carencia de capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de su población.
Corrupción e ineficacia judicial; altos niveles de criminalidad e inseguridad; informalidad laboral, pobreza e indigencia extremas; crisis económica, inflación y desempleo; bajo acceso a la educación superior, gran parte de la población con educación básica incompleta y deficiente; pérdida del control del territorio; incapacidad para suministrar servicios básicos…
Los elementos que caracterizan al Estado fallido vienen profundizando su arraigo en la Argentina desde hace años.
El país es productor de pobres, lo que significa que la movilidad social que alguna vez supo enorgullecerlo no ha desaparecido, sino que invirtió su sentido: de ascendente pasó a ser descendente. Las nuevas generaciones afrontan expectativas de calidad de vida peores que las de sus antecesores.
Después de la crisis de 2001, la pobreza estructural se estratificó en un tercio de la población. Dos décadas después, supera la mitad.
Según el INDEC, el 40,6 por ciento de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza y el 10,7% es indigente.
La miseria se ceba más en los menores de 14 años. Un 54,3% es pobre en esa franja etaria; un 16,6%, indigente.
Sobre este desolador escenario, el Estado retrocede cada vez más mientras las facciones políticas se disputan el control del asistencialismo. Un botín suculento: el 9% del PBI nacional se destina a ese fin. Del monto, una parte financia la estructura de las organizaciones sociales que los administran.
Indicios superpuestos: el Estado incapaz de detener la pobreza, terceriza el socorro a esa miseria en burocracias parasitarias.
Marginalidad
Un nuevo acuerdo en ciernes con el FMI se boceta como la enésima chance para comenzar a desandar medio siglo de sostenida descapitalización, a lo largo del cual diversos experimentos ideológicos se sucedieron en el ejercicio del gobierno. Otra vez, movilidad inversa: se destruyó riqueza en lugar de construirla.
El saldo se manifiesta en un cambio drástico en la representación política.
El poder de los sindicatos, que representan el trabajo formal frente al capital en la disputa por el fruto de la producción, ha retrocedido frente a las organizaciones sociales, que representan la economía informal y la pobreza en ascenso.
La evolución de las jubilaciones está condicionada por la cada vez mayor cantidad de recursos que el sistema de seguridad social, financiado con el aporte de los trabajadores en actividad, debe derivar a atender el crítico frente de la exclusión.
Nada ha sido suficiente, sin embargo, para refrenar la expansión de la marginalidad.
El caso de los 24 muertos por la cocaína adulterada repuso al primer plano la existencia de territorios en los que el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza y su legitimidad ha sido anonadada por la ley del narco y la criminalidad, en la mayoría de los casos con la complicidad de las fuerzas de seguridad. La violencia desenfrenada en Rosario muestra con mayor frecuencia lo extendido de esta degradación, que crece a favor de un poder público impotente para repelerla, limitado en el mejor de los casos a tratar de encapsularla.
Un relevamiento realizado en 2018 registró más de 4.200 villas miseria o barrios populares en la Argentina, que ocupaban 330 kilómetros cuadrados en total, superficie superior a la de la Ciudad de Buenos Aires.
Alrededor de 1.600 estaban localizadas en el conurbano bonaerense. Más de la mitad habían surgido antes de 2000 y casi un cuarto era posterior a 2010.
De acuerdo a los parámetros de este censo, se consideró como barrio popular al conglomerado en el que más de la mitad de la población no contara con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos (o más) de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y red cloacal.
Más de 800 mil familias argentinas vivían en estas condiciones en ese momento, una población superior a la de la mayoría de las provincias argentinas, equiparable a la de Córdoba o Santa Fe.
Para dimensionar la tragedia: en 2018 la pobreza era del 32%, 13 puntos menos que la actual.
Derrumbe educativo
En el ecosistema reconfigurado por la decadencia social, el derrumbe educativo en sobrerrelieve. La educación argentina, elemento paradigmático y singular de equiparación, se deteriora desde hace décadas signada por la fuga hacia el ámbito privado de quienes cuentan con los recursos económicos suficientes para hacerlo. Inequidad pura: solo los sectores acomodados pueden zafar de la trampa de la ignorancia y el cepo a la realización personal que supone.
Los resultados obtenidos por la Argentina en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) realizado por la UNESCO confirmaron el desplome con un detalle inquietante: los datos, consistentes con los que año a año arrojan las pruebas nacionales PISA, fueron recogidos en 2019, por lo que no registraron los efectos del cierre escolar decretado por la pandemia.
Los alumnos argentinos de tercer y sexto grado rindieron por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en cuatro de las cinco materias evaluadas. Argentina se ubica en el anteúltimo lugar de la región, solo por encima de Paraguay.
Quedaron 8 puntos por debajo del promedio en las dos áreas evaluadas en tercer grado. En Lengua, el 46% rindió en el nivel 1, el más bajo; en Matemáticas, el 48,9% registró los desempeños más básicos.
En sexto estuvieron dentro del rango regional promedio en lectura, pero mostraron deficiencias serias en Matemáticas, con 7 puntos por debajo de la media, y en Ciencias Naturales, donde el resultado fue catastrófico: 20 menos que la media.
Crecimiento sin pausa de la pobreza, empleo informal y desempleo en ascenso, deterioro de las condiciones de vida, proliferación de zonas en la marginalidad, educación declinante… Súmense las deficiencias del sistema de salud pública y la inseguridad. Síntomas del Estado fallido que la sociedad ha incorporado como rutina y asume con la resignación que se soportan los indefectibles fenómenos climáticos. Como si se hubiera acostumbrado a la lluvia ácida.n
