Es por la causa por "coacción" que la inició el secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Capital, Alberto Natella.
El exsecretario del SOEM, Walter Arévalo, afirmó que espera con ansias el inicio del juicio en su contra por “coacción agravada” para demostrar su inocencia y que este proceso fue realizado por dirigentes políticos para “amedrentar la lucha sindical”.
La causa contra Arévalo se abrió a partir de una denuncia del secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Capital, Alberto Natella, realizada en el marco de un reclamo sindical en el año 2020.
Acompañado de su abogado, Iván Sarquís, Arévalo fue notificado de que la causa en su contra se encuentra en la Cámara Penal nº2 y que el juicio se realizará ante un tribunal unipersonal, que estará a cargo de Luis Guillamondegui y a Augusto Barros como fiscal. Aún no hay fecha para que se realice el juicio.
En diálogo con lo prensa, Arévalo ratificó que quien está impulsando el juicio es él y no la querella (Natella). “Lo hacemos porque creemos que esto se tiene que resolver. Los políticos de turno no pueden utilizar el aparato judicial para encarcelar a los que piensan diferente y no se venden. Esto es una clara utilización del poder político al judicial en una clara persecución en mi contra”, dijo el dirigente.
Para Arévalo, “está claro” que quienes impulsaron el proceso judicial en su contra fueron el gobernador, Raúl Jalil, y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, “en una clara forma de actuar que tiene el peronismo de Catamarca con aquellos que no se venden”.
“Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Quiero que se haga el debate público para que toda la sociedad vea la sartenada de mentiras que hay en esta causa y cómo un fiscal aceleró en menos de 2 horas todo un proceso y a mí me detuvieron cinco días con el fin de domesticar una lucha sindical porque dejaron sin trabajo a 25 personas”, afirmó. “Hoy, gracias a Dios, esos compañeros están en planta permanente. Eso fue una verdadera lucha sindical a pesar de que el gremio no tenía la representatividad de los trabajadores porque lo hicimos de manera solidaria”.
Arévalo recordó que durante ese reclamo, que trataba de empleados precarizados, “cuando hubo manifestaciones de los trabajadores no hubo ninguna denuncia, pero cuando el gremio se solidarizó, desde el Gobierno armaron una causa en menos de una hora y media”.
Más adelante, el dirigente ratificó su intención de que el juicio se haga lo más pronto posible y en ese sentido, indicó que instruyó a su abogado que, “si es posible”, presentar todos los días un pronto despacho para que el proceso oral se haga y “quede a claras la utilización del peronismo a la Justicia para perseguir a personas que piensan distinto”.
Afirmó que la intensión del Gobierno con esta causa era “domesticar la lucha sindical” y que finalmente “quede en un cajón” sin tener definición.
Resaltó que fue él quien insiste en que el juicio se haga. “Sufrir una injusticia no es fácil, como tampoco estar detenido. Quiero que se haga el debate porque en un juicio no es fácil mentir”, señaló.
Finalmente, ratificó que la causa “fue un armado de Raúl Jalil y Gustavo Saadi para decir que Walter Arévalo es un patotero”.
El abogado Iván Sarquís recordó el proceso contra Arévalo, que incluyó la detención del dirigente. A criterio del letrado, se concretó en “circunstancias a todas luces excesivas y que no revisten equiparación con la imputación del delito que se lo acusa”.
“Esta situación devengó en una imputación primeramente por amenazas y luego por coacción; la amenaza fue desistida y el imputado fue sobreseído. Hoy nos encontramos con una acusación de coacción agravada con una expectativa de condena de hasta 10 años de un dirigente que lo que hizo fue bregar por la reincorporación de empleados”, detalló.
“Él (por Arévalo) confía en la Justicia y considera que esta situación debe ser aclarada, si es necesario un debate público para ello, aunque corra el riesgo de tener una condena, él tiene el anhelo de enfrentarlo”, sostuvo.
El abogado Sarquís apuntó que en este proceso, como defensa de Arévalo, tiene dos objetivos: "Primero, lo que se busca es acreditar y demostrar la inexistencia del hecho delítico por lo que se lo acusa y demostrar la inocencia de mi defendido. El segundo objetivo es tratar de resguardar la única herramienta que los trabajadores tenemos, que es la protesta y el derecho a huelga".
El letrado consideró que "si bien ésta se trata de una causa penal, tiene una trascendencia política y sindical puesto que las particularidades de los imputados y los denunciantes".
"Debemos resguardar un derecho constitucional a la protesta y resguardar la lucha sindical donde se utiliza la criminalización para descomprimir los reclamos", aseveró.
Afirmó que lo que se resuelva en esta causa "va a generar un precedente" y que en ese contexto "debería generar mucho interés en los sectores sindicales, porque acá se está jugando el derecho a la protesta del trabajador catamarqueño que muchas veces se encuentra en circunstancias donde la patronal no responde y debe buscar alternativas para ser escuchado y el ser escuchado es un derecho constitucional".
La denuncia contra el sindicalista se realizó luego de que Arévalo como titular del gremio realizara una protesta en el domicilio del funcionario en reclamo por el despido de 30 becados de la Municipalidad del área de Higiene Urbana.
Natella, a través del abogado Arturo Herrera Basualdo, lo denunció por el perjuicio que le provocó a él y su familia, que en el plazo de dos jornadas no pudieron salir de su vivienda recibiendo amenazas e insultos.
El hecho se concretó el 14 de agosto de 2020 y Arévalo estuvo detenido durante una semana. El expediente tuvo marcadas idas y vueltas. Incluso, en diciembre de 2021, el juez de Control de Garantías, Rodolfo Maidana, dictó el sobreseimiento parcial de Arévalo en cuanto al delito de amenazas y declaró la incompetencia de la Justicia provincial para entender por el delito de coacción. La medida fue apelada por Natella y se dio marcha atrás.
Por su parte, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, Edgardo Álvarez, resolvió no dar lugar a la apelación presentada por la defensa de Arévalo a la resolución del juez de Control de Garantías y el juicio quedó firme.
