domingo 7 de agosto de 2022

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Editorial

Aporte clave que amplía derechos

Tuvieron que pasar más de tres décadas para que la vieja ley 23.798 por la que se declaraba...

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2 de julio de 2022 - 00:30

Tuvieron que pasar más de tres décadas para que la vieja ley 23.798 por la que se declaraba de interés nacional a la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) fuese reemplazada por una nueva norma, mucho más moderna, inclusiva y que apunta a una ampliación de derechos, como la aprobada el pasado jueves de esta semana y denominada Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). El proyecto que terminó convirtiéndose en ley nacional fue elaborado con el aporte de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, convirtiéndose de esa manera en una de las normas de creación más participativa, tal vez solo comparable a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, sancionada en 2009.

La norma anterior, aprobada en 1990, cumplió una función importante, con un contenido que se correspondía con la información y la visión que se tenía de la enfermedad en ese momento histórico, a apenas una década de haberse descubierto. Fue una ley ejemplar, que permitió dar respuestas a necesidades de aquella época.

Desde entonces no solamente hubo numerosos avances médicos que transformaron al Sida en un afección que, con el tratamiento adecuado, dejó de ser mortal, sino también que hubo una evolución considerable en la conciencia respecto de los derechos que tienen las personas portadoras del virus o que ya han desarrollado la enfermedad.

La nueva ley fue elaborada por varias organizaciones de la sociedad civil y es integral porque incluye a otras infecciones relacionadas con el VIH, que son las enfermedades transmisibles de mayor prevalencia no solo en la Argentina sino también globalmente.

La ley de 1990 tenía un enfoque biomédico y focalizado en la atención sanitaria. En cambio la actual tiene un enfoque de derechos humanos. Por eso, entre las medidas que prevé la norma se encuentra la creación del Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación por VIH, Hepatitis Virales e ITS, “con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas”.

Por ejemplo, prohíbe la prueba de VIH y otras infecciones de transmisión viral en los test preocupacionales; promueve la producción pública de medicamentos para tratar dichas afecciones; en caso de vulnerabilidad social, brinda la oportunidad de jubilarse con anticipación y acceder a pensiones no contributivas vitalicias.

La norma está en sintonía, además, con derechos que se han ido consagrando en los últimos años y que, por cierto, no tenían ese status en la década del noventa. Entre ellos, el matrimonio igualitario o el derecho a la identidad de género.

La nueva ley significa un aporte clave en un contexto en el que es necesario retomar campañas de concientización para evitar la propagación de la enfermedad -cada año se producen 4.500 nuevos casos en la Argentina- y para promover la realización de controles a los efectos de que los tratamientos, cuya efectividad mejora constantemente, lleguen a todos los que portan el virus.

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