La causa por fraude en la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble a favor de Edgar Adhemar Bacchiani, llegó ayer por segunda vez a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos.
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Apelaciones definirá si el sobreseimiento de Paulo Ibáñez es definitivo
Fiscalía de Estado pidió anular el sobreseimiento pero no asistió a la primera audiencia. Ayer se realizó la segunda.
La investigación se inició en el 2022 cuando se detectó que dos matrículas catastrales que debían estar a nombre de Edgar Adhemar Bacchiani -fundador de la financiera Adhemar Capital SRL-, no fueron inscriptas correctamente para evitar que, al quedar registradas, puedan ser reclamadas por los cientos de acreedores que fueron estafados por Bacchiani y su banda.
Los sospechosos son el abogado Paulo Ibáñez, exjefe del Departamento de Folio Real, y quienes fueron sus empleadas subalternas Norma del Valle Bravo (59) y Andrea Beatriz Pacheco (39).
En 2024, Ibáñez fue expulsado del organismo por decreto del Ejecutivo Provincial, tras una investigación administrativa realizada por la Fiscalía de Estado.
A pesar de que los tres fueron imputados por el fiscal de Instrucción penal con especialización en delitos contra la administración pública, Facundo Barros Jorrat, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores", las dos mujeres no fueron cesanteadas.
Luego de varias instancias y una notable mora judicial, la causa fue elevada a juicio en diciembre de 2024. La defensa de Ibáñez, ejercida por Sebastián Ibáñez, pidió el sobreseimiento aduciendo que no había elementos de prueba para sostener la acusación de Barros Jorrat.
Un año después, el juez de Control de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzini, dictó el sobreseimiento y con el mismo fallo dejó firme la elevación a juicio de Bravo y Pacheco.
Llamativamente, la resolución del juez no fue apelada por el fiscal del caso, Barros Jorrat. En su lugar, los abogados de Fiscalía de Estado, Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, presentaron un recurso para apelar el sobreseimiento.
La Cámara dispuso que el 21 de mayo se realice la audiencia para que los representantes de los intereses del Estado Provincial fundamenten por qué pidieron la nulidad del sobreseimiento, pero Rosales y Aibar no se presentaron.
Los jueces de la Cámara dieron por desistido el planteo de la Fiscalía y emitieron una resolución que confirmó el sobreseimiento.
El faltazo de los dos abogados tuvo fuerte repercusión en los medios de comunicación, debido a que Paulo Ibáñez inició una demanda millonaria contra la Provincia a raíz de su expulsión como empleado profesional.
En este contexto, se inició un sumario administrativo contra Rosales y Aibar, quienes exigieron a la Cámara que fije nueva fecha de audiencia, aduciendo que no habían sido correctamente notificados de la citación anterior.
Apelaciones hizo lugar al pedido, pero como demoró la imposición de fecha, antes del comienzo de la feria judicial de invierno, la defensa de Ibáñez solicitó al Tribunal que determine la fecha en "forma urgente".
Así, en la mañana de ayer se llevó a cabo la segunda audiencia de expresión de agravios.
Estuvieron presentes los jueces Rosa Elena Berrondo Isi y Horacio Brizuela. También participó, subrogando al juez Juan Rosales -quien se inhibió por parentesco con la abogada de la Fiscalía de Estado-, el juez Jorge Palacios, de la Cámara Penal N° 3.
Estuvieron además los abogados Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, el defensor Sebastián Ibáñez y el defensor de Andrea Pacheco, Juan Pablo Morales. Según fuentes judiciales, Fiscalía de Estado sostuvo que el sobreseimiento no corresponde y que debe ser anulado a partir del supuesto cúmulo de pruebas reunido por el fiscal Barros Jorrat.
Por su parte, la defensa de Ibáñez aseguró que, desde el inicio de la investigación, la acusación careció de fundamentos y pruebas y pidió que se confirme la resolución del juez de Control, Ahumada Franzini.
Paralelamente cuestionó a Fiscalía de Estado y al fiscal Barros Jorrat, por deficiencias en las investigaciones administrativa y penal, respectivamente. Al finalizar la audiencia los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el jueves 13, cuando darán a conocer su veredicto.n