jueves 2 de abril de 2026

Antofagasta de la Sierra llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por Manuel Fontenla

El viernes 15 de noviembre, comunidades y organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia se presentaron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hablar sobre los impactos de la extracción de minerales en el contexto de la megaminería de litio.

Por Catamarca participó la Asamblea Pucará llevando el caso de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y el daño ambiental ocasionado en la Vega del Trapiche, que fue secada y destruida por Livent (que ayer era Arcadium y hoy es la monopólica Rio Tinto).

Esta presentación se suma en un contexto muy agitado en nuestro país, donde las empresas buscan insertarse a toda costa en los enormes beneficios del RIGI, para continuar beneficiándose de forma parasitaria de nuestros territorios y multiplicando el daño ambiental y los perjuicios locales sin marcos de control, regulación ni penalización.

Las exposiciones de los cuatro países mostraron un panorama de vulnerabilidad de derechos, de persecución, de criminalización y ante todo de violación de normativas nacionales e internacionales por parte de empresas y Estados locales.

Esta presentación resuena además en un momento donde la Corte de Justicia de la Provincia parece no avanzar ni hacer cumplir sus propias medidas y fallos. Mientras el Ministerio de Minería dilata y deforma el pedido de informe ambiental acumulativo e integral, las comunidades locales denuncian que siguen los trabajos sobre el río Los Patos, que siguen sacando agua y abriendo caminos, que sigue violando sitios sagrados y destruyendo vegas.

Las organizaciones y comunidades que participaron de esta instancia fundamental en los Estados Unidos solicitaron ante la CIDH los siguientes ítems:

  • Crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos.
  • Abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas dirigidos a facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos.
  • Respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano, considerando los impactos sinérgicos, acumulativos, a perpetuidad y climáticos; e implementar mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización a actores públicos y privados involucrados en la extracción de estos minerales.
  • Fortalecer sus sistemas de administración de justicia, considerando los principios de prevención y precaución frente a daños irreparables a los ecosistemas, personas y comunidades.

La audiencia completa se puede ver en el canal de youtube de la CIDH.

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