La organización informó que las consultas por obstáculos en el acceso al aborto aumentaron un 275% en el último año.
Ayer, 30 de diciembre, se cumplieron cinco años desde la aprobación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina. Sin embargo, un informe reciente de Amnistía Internacional Argentina denunció un retroceso preocupante en el acceso seguro al aborto, luego de la llegada del gobierno del presidente Javier Milei.
Entre las principales limitaciones detectadas está la suspensión de la compra de medicamentos esenciales para la IVE, como el misoprostol y la mifepristona, el desmantelamiento de planes de prevención de embarazos y una reducción significativa en la distribución de métodos anticonceptivos. Estos cambios afectan directamente la garantía del derecho al aborto seguro y gratuito, reconocido por la ley.
Para Amnistía Internacional Argentina, con el ascenso de los gobiernos de ultraderecha en gran parte del mundo, los discursos de sectores religiosos y conservadores que reniegan contra los derechos de autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y disidencias se convirtieron en los últimos años en “una estrategia política” para “construir alianzas, fortalecer su base de apoyo y revertir conquistas en materia de igualdad y derechos humanos”.
La directora ejecutiva de Amnistía Argentina, Mariela Belski, planteó que esa “ofensiva” cobró “fuerza durante el gobierno de Javier Milei, quien ejecutó un grotesco desmantelamiento institucional de políticas públicas vinculadas a estos derechos".
Asimismo, Belski denunció que la gestión libertaria “debilita el rol del Estado como garante de derechos”, “profundiza las barreras preexistentes” en el acceso al aborto seguro y “agrava las desigualdades sociales”.
“Los relatos se repiten desde distintas provincias del país y revelan un patrón común: las mujeres y personas gestantes están encontrando barreras donde debería haber atención, acompañamiento y acceso asegurado”, precisaron.
El primer y principal punto que denunció la organización es que desde la asunción del actual gobierno nacional se interrumpió la compra y distribución de insumos necesarios para garantizar el acceso a la IVE/ILE. El panorama se complejizó cuando de forma repentina, por primera vez en más de 20 años, el Estado Nacional dejó librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos.
“Durante 2023, se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos de combipack, mientras que en 2024 no se ha distribuido insumo alguno a las provincias para garantizar el acceso al aborto”, remarcó.
Además, Amnistía Internacional Argentina resaltó que entre el año 2023 y 2024 hubo una profunda reducción en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y tests de embarazo distribuidos a las provincias. La alarmante cifra de declive es de un 81%.
También se desarticuló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), pese a su impacto comprobado en la reducción del embarazo en la adolescencia.
“En el último año, Amnistía Internacional registró un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, en comparación con 2023, que llegan a la organización a través de su formulario de atención. Y, entre enero y abril (inclusive) del año 2025, la organización ha recibido 160 casos, lo cual representa el 133% del total recibidos durante el 2024, puntualizaron.
"No hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley. En este escenario, la desinformación se convierte en una barrera crítica. Sin información pública, las personas no saben dónde ir, ni cómo exigir que sus derechos se cumplan“, lamentaron desde la entidad.
“También se registran casos de consejerías disuasorias, maltratos y prácticas de hostigamiento que buscan forzar un cambio de decisión, violando la autonomía de las personas gestantes”, aclararon.
En este contexto, Amnistía Internacional exigió al Gobierno Nacional que garantice los presupuestos sostenidos para adquirir métodos anticonceptivos y medicación específica y que cumpla con la centralización de las compras para evitar faltantes.
Finalmente, el documento insta a garantizar una atención digna mediante la capacitación obligatoria del personal sanitario y el monitoreo de posibles obstáculos institucionales.
De acuerdo al informe del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Catamarca sobre la evolución de la tasa de natalidad en la provincia y su proyección para los próximos 20 años, la natalidad en la provincia muestra una fuerte caída, fenómeno que se ha intensificado desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los datos oficiales indican que los nacimientos disminuyeron un 16.7%, mientras que las interrupciones voluntarias del embarazo pasaron de 84 en 2019 a 1.438 en 2023.
El Plan ENIA fue un programa nacional que buscaba reducir embarazos adolescentes mediante educación sexual integral (ESI), acceso a anticonceptivos y consejerías, logrando resultados positivos y reduciendo la fecundidad adolescente a la mitad entre 2017-2023. En Catamarca, dejó de funcionar en abril de 2024, interrumpiendo redes de apoyo y acceso a servicios. Docentes y organizaciones buscan recuperar sus herramientas y materiales, mientras se debaten iniciativas para su reactivación.
