Personal policial ingresó ayer al Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, tras un pedido de la PROCUNAR, el ala de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico con el fiscal Diego Iglesias y los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad, que esclarecieron el caso Carbón Blanco.
El blanco del allanamiento era el magistrado Miguel Aranda, conjuez federal en la zona, acusado de corrupción y de colaborar con el poderoso clan Sosa, una de las principales organizaciones narco de su provincia, en complicidad con efectivos de Gendarmería, entre ellos Cristian Marangón, cabeza del Escuadrón N°1 de la jurisdicción.
Marangón falleció en la mañana de ayer, internado en el Hospital Militar Central por una afección previa, confirman fuentes en las fuerzas de seguridad.
Se investigan seis presuntos hechos de corrupción en la zona. Los fiscales pidieron el arresto de Aranda junto con el de otros tres involucrados, Marangón siendo uno de ellos, pero la jueza Zunilda Niremperger no admitió el pedido y solo autorizó que Aranda sea indagado, aseguran fuentes del expediente. La magistrada todavía evalúa el arresto y elevó la situación a la Cámara local, ya que Aranda como juez tiene fueros que impiden su detención.
La causa comenzó tras un informe enviado el 14 de junio por un alto oficial de Inteligencia de Gendarmería. Delataba a un comandante de su fuerza, “dando cuenta que el mismo estaría relacionado a diferentes maniobras delictivas que podrían tener vinculación con actividades del tráfico ilícito de drogas, especialmente producidas en el ejido territorial de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, revelándose indicios de connivencia judicial”, asegura un documento del caso.