Alfredo Marchioli volvió a la carga contra la tasa aérea
El exdiputado provincial Alfredo Marchioli y el abogado y vicepresidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Fernando Navarro pidieron explicaciones al Gobierno provincial por la Resolución 124/2025 del Ministerio de Desarrollo Productivo, dictada cuatro meses después de la presentación del amparo colectivo que cuestiona el traslado de la Tasa de Ocupación del Espacio Aéreo (TOEA) a los usuarios de EC SAPEM. El planteo llega apenas días después de que Marchioli invocara un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre tasas municipales para reforzar los fundamentos del amparo: sostuvo entonces que ese antecedente judicial ratifica que es EC SAPEM y no los vecinos, quien debe hacerse cargo del pago del tributo.
Tras una nueva audiencia entre la empresa y los usuarios que impulsan el amparo, que terminó sin acuerdo entre las partes, Marchioli sostuvo: “La empresa no tiene ningún argumento para justificar por qué los vecinos pagan esa tasa”.
“Si estaba todo bien, ¿por qué el Gobierno tuvo que autorizar este cobro después de que fuimos a la Justicia?”, planteó el dirigente radical. Y agregó, en la misma línea: “Si EC SAPEM ya podía cobrarnos esta tasa, ¿por qué el Gobierno tuvo que autorizarla después de que presentamos el amparo? Y si recién después apareció una autorización expresa del Gobierno, ¿qué pasa con todo lo que nos cobraron antes?”.
Marchioli también volvió sobre el origen mismo del cuestionamiento, en referencia a la infraestructura utilizada para prestar el servicio: “Si los postes y los cables son de la empresa, ¿por qué el Gobierno autorizó que esa tasa la pague el vecino?”.
El reclamo se originó en febrero de 2025, cuando Marchioli y Navarro exigieron formalmente al directorio de EC SAPEM, que dejara de trasladar el tributo municipal a las facturas residenciales de los usuarios del servicio eléctrico. La empresa rechazó el pedido en aquel momento: reconoció formalmente ser el sujeto obligado principal ante el municipio, pero argumentó que el contrato de concesión vigente la faculta a transferir ese costo a la totalidad de los usuarios. Ante esa negativa formal, los dos dirigentes radicales recurrieron finalmente a la Justicia con un amparo colectivo en representación de los vecinos damnificados por el cobro.
El planteo de los amparistas no cuestiona, en ningún momento, la potestad de los municipios para establecer la tasa por el uso del espacio público, sino que pone en discusión, puntualmente, que ese costo específico termine trasladándose a los usuarios finales de la energía eléctrica en lugar de ser absorbido por la propia distribuidora.
La causa continúa abierta en los tribunales provinciales de Catamarca. Tras la última audiencia de conciliación, celebrada sin acuerdo alguno entre EC SAPEM y los amparistas, el Ministerio de Desarrollo Productivo fue incorporado formalmente al proceso judicial.
