"Por pedido del doctor Dalbón, le entregamos copias de los proyectos de leyes. Nos felicitó por la iniciativa de democratizar a través de reformas que permiten una mejor administración de la justicia para todo los catamarqueños”.
Esto dijo el Asesor de Gobierno, Nicolás Rosales, luego de la reunión que mantuvo el jueves el gobernador Raúl Jalil con el abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Kirchner, de la que participó.
El letrado, de tal manera, tuvo acceso a las iniciativas vinculadas a la reforma judicial que el Gobierno se propone instrumentar antes que los legisladores, las representaciones del Poder Judicial, el Colegio de Abogados, asociaciones de víctimas y la sociedad catamarqueña en general.
La reunión y la foto es ofensiva para los abogados y magistrados catamarqueños, que no son objeto de semejantes agasajos. Al parecer, para el Gobierno de Catamarca no hay en el foro local ninguna opinión tan respetable con la del doctor Dalbón, a quien aparte de sus hojarascosas incursiones mediáticas, se le desconocen precedentes como jurisconsulto. No obstante, el asesor Rosales está chocho por sus felicitaciones.
Una lástima que no pueda regocijarse con las de sus comprovincianos.
En la edición de hoy se publican declaraciones de la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales, inusuales por su entonación.
La jueza resalta que no es sensato avanzar en reformas sobre el Poder Judicial sin un diagnóstico adecuado de la situación, del que no pueden estar excluidos los propios operadores judiciales. También consigna una serie de deficiencias “estructurales” que las iniciativas anunciadas por el Gobierno no abordan, y que tornarán impracticable el más sesudo de los pergeños leguleyos.
¿Contribuirá Dalbón con alguna idea al respecto? ¿O se circunscribirá solo a las felicitaciones gratuitas?
En este mismo espacio editorial se ha consignado reiteradas veces la necesidad de introducir cambios tendientes a mejorar el funcionamiento de una Justicia cuyo prestigio viene desde hace mucho en caída libre debido a la deficiencia de sus prestaciones, el manoseo faccioso del que es objeto y los escandaletes que con frecuencia protagonizan algunos de sus integrantes.
Estas indispensables reformas, sin embargo, no pueden implementarse sin el consenso de la propia corporación judicial que las experimentará. Es decir: no pueden ser producto de disposiciones unilaterales ni imposiciones.
La Corte viene en tensión con el Gobierno y sus brazos legislativos desde que el año pasado se le negó un aumento del Presupuesto que estaba 40 puntos por encima de la pauta establecida para el resto de la administración pública.
Era una desmesura que no se basaba en un programa de cambios, sino en pretensiones de incrementos salariales lineales.
No podía ser de otro modo, porque nunca se confrontó con la profundidad y madurez necesaria un debate sobre las necesidades del sistema, información ineludible para establecer el financiamiento que requerirían las reformas. Mientras tanto, el Caso Rojas ha puesto en evidencia la inoperancia judicial que deben padecer los ciudadanos rasos.
Es por lo menos dudoso que abogados como Dalbón, que nunca en su vida ha transitado los tribunales catamarqueños, esté en condiciones de proporcionar en tal sentido opiniones más autorizadas que sus colegas locales.
La promocionada reunión con el “reconocido y prestigioso” abogado de Cristina en nada contribuye a la construcción de consensos para revertir el paupérrimo derrotero del Poder Judicial. Por el contrario, le viene al pelo a quienes no tienen intención alguna de cambiar para alegar como “casus belli” el ninguneo gubernamental y evitar revisarse.