La Cámara Federal de Casación volvió a dejar procesadas a seis agentes mujeres del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por la aplicación de "severidades" a una detenida en la provincia de Salta.
sábado 27 de mayo de 2023
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SUSCRIBITELa Cámara Federal de Casación volvió a dejar procesadas a seis agentes mujeres del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por la aplicación de "severidades" a una detenida en la provincia de Salta.
La medida incluye embargos hasta cubrir la suma de 200 mil pesos para las funcionarias del SPF Mariel Mercedes Raquel Cusi, Abigail Mariel Lanuza, Yésica Liliana Rodríguez, Matilde Galeano, Mónica Soledad Acosta y Virginia Soledad Zerpa.
Habían sido procesadas el 7 de junio de 2022 por "haber impuesto apremios ilegales, severidades y vejaciones en su carácter de funcionarias públicas los días 26 y 28 de septiembre de 2015 a la detenida Mariana Soledad Guanuco, que se encontraba en el pabellón 3B del Complejo Penitenciario Federal NOA III".
Pero la Cámara Federal de Salta las desprocesó y dispuso el sobreseimiento de todas las imputadas, medida que fue apelada por la Defensora Pública Coadyuvante de la Defensoría de Víctimas de Salta, Adriana Ramírez.
La detenida –y ahora querellante- Guanuco denunció que las carceleras "la habían golpeado en dos oportunidades. La primera cuando luego de tener una discusión con su compañera, el personal del servicio penitenciario mencionado ingresó a la celda y la golpearon en el pecho y en la cabeza, inyectándole luego calmantes ‘para que se tranquilizara’".
"Al día siguiente no la sacaron de la celda para ir a desayunar, al baño ni a recreación. (…) La llevaron a su celda y como se resistía a ingresar, la volvieron a golpear", añadió la denuncia.
Los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, tras revisar la sentencia absolutoria, resolvieron revocarla y que la causa regrese a la Fiscalía de origen.
Ello implica, en los hechos, que la causa quedó encaminada para el juicio oral y público. El artículo 144 bis del Código Penal establece que "será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo (…) el funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o apremios ilegales".n