jueves 2 de abril de 2026
Editorial

Agendas que confluyen

Un informe difundido en los últimos días por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuantificó la incidencia del uso de armas de fuego en los femicidios cometidos en la Argentina en el período 2017-2022. A partir de la revisión de las causas judiciales en las que se investigaban muertes violentas por razones de género en el transcurso de ese lustro, se comprobó que se cometieron 404 femicidios (entre directos y vinculados) con armas de fuego, sobre un total de 1.628 víctimas. Es decir, casi uno de cada cuatro femicidios fue cometido de ese modo.

Catamarca se encuentra por arriba del promedio nacional y ocupa el noveno lugar entre las jurisdicciones: un 26% de los femicidios ocurridos en el territorio provincial se consumó con armas de fuego.

Si el medio principal para cometer femicidio es un arma de fuego, para un sector de las potenciales víctimas la respuesta a esa amenaza es, peligrosamente, de índole similar. Un informe periodístico detalla que cada vez son más las mujeres que se arman por la inseguridad (hechos delictivos comunes) y para protegerse de ataques producto de la violencia de género. El informe se restringe a la ciudad de Mar del Plata, pero expertos en la temática señalan que es un fenómeno creciente en todo el país. El gas pimienta sigue siendo la primera herramienta de defensa a la que recurren las mujeres, pero la adquisición de armas va en aumento.

No existen estadísticas precisas respecto de qué porcentaje de las armas que se utilizan en femicidios es legal, o los hombres que las poseen tienen autorización para hacerlo. De todos modos, es de público conocimiento que el mercado negro de armas va en aumento y esta tendencia se verifica de un modo más notable a medida que se agudiza la crisis económica.

La estrategia ciudadana de armarse para defenderse de casos de inseguridad o de agresiones de otro tipo no es la más adecuada, porque por lo general provoca más víctimas aún, incluso de la propia mujer que porta armas. De todos modos, es obligación señalar que sin dudas esta actitud responde a una situación de vulnerabilidad que se vincula con la insuficiencia de las medidas de protección. De modo que si bien debe desalentarse el uso de armas de fuego legales –y prohibirse con severidad las ilegales-, también resulta imprescindible generar estrategias de protección de las víctimas, sea mujer por casos de violencia de género, o de hechos comunes de inseguridad.

La contundencia de las estadísticas presentadas por la OM es significativa porque contribuirá a asociar las agendas de género con las de desarme, que hasta el momento suelen estar desvinculadas. Es que en general las agendas de género parten de la premisa de que la violencia de esta índole se produce mayoritariamente mediante golpes o uso de armas blancas, sin notar el rol que cumplen las armas de fuego en ella. Los estudios, como el argentino y también otros realizados en otras naciones, empiezan a cuestionar esta lógica.

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