La Educación Sexual Integral (ESI), cuya ley tiene vigencia en la Argentina desde 2006, se ha revelado como una herramienta clave tanto para prevenir abusos en las infancias como para que los niños se animen a contar el drama que están viviendo. La implementación de la ESI no fue inmediata: durante varios años estuvo demorada por la presión de los sectores más retrógrados. En los últimos años los establecimientos educativos comenzaron el proceso de puesta en práctica de estos contenidos que son transversales a todas las materias.
Los avances son muy importantes, pero todavía insuficientes. La resistencia conservadora sigue siendo una restricción, pero también la falta de capacitación docente en el tema específico de abusos sexuales en las infancias, que es, dentro de la temática general, un problema específico de mucha gravitación.
Sería erróneo subestimar la gravedad del problema. Estudios internacionales señalan que una de cada tres niñas y uno de cada seis niños es víctima de abuso sexual en el mundo. Sin embargo, muchos no se animan a contarlo: por eso estudios similares consignan que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones admiten haber sido abusados.
Un informe presentado el pasado viernes en el Congreso de Salud y Justicia, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señala que apenas uno de cada cuatro docentes recibió capacitación en el tema de los abusos. El trabajo de investigación, realizado por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (Cepasi), una organización sin fines de lucro, revela también que el 70% de los educadores confía más en indicios emocionales que en el relato de niñas y niños. Detectar los indicios emocionales es una tarea muy compleja para cualquier docente, con más razón si no ha recibido capacitación específica. Y descreer del relato de los niños es, además, una restricción para llegar a conocer el calvario que las víctimas están atravesando.
Respecto al conocimiento de los protocolos frente a casos de abusos sexuales en infancias y obligaciones legales, que tienen las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes en estas situaciones, el 54% de los docentes dijo desconocerlos y el 16% no estaba seguro. Es decir, apenas el 30% de los educadores conocen el protocolo de atención a las víctimas de abuso.
El estudio incluye a médicos y psicólogos. Si bien los porcentajes de estos especialistas respecto de la capacitación en abusos de las infancias es mayor que el de los docentes, aún están lejos de los niveles óptimos.
Como puede concluirse, la implementación de la ESI en las escuelas es imprescindible, pero es necesario también que los docentes que la imparten o coordinan las actividades en torno a la problemática tengan la capacidad para llevar a cabo la tarea, además de conocer con precisión los protocolos que deben seguirse cuando se detecten casos probables de abusos. En este punto hay todavía un déficit que subsanar.
