Pidió ser sobreseído y que se reconsidere la decisión del Ejecutivo Provincial. Acusó a dos funcionarios por supuesto falso testimonio.
El exjefe del Departamento Folio Real de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos, abogado Paulo Gustavo Ibáñez, presentó ayer un escrito solicitando su sobreseimiento total y definitivo en la causa penal en la que se lo investiga por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El hombre está acusado de ordenar a sus empleadas que no ingresen al sistema del ARCA, el cambio de titularidad de dos matriculas catastrales pertenecientes a Edgar Adhemar Bacchiani, detenido en el penal de Miraflores por multimillonarias estafas, lavado de activos y asociación ilícita entre otros delitos.
Presuntamente las maniobras ocurrieron en enero de 2022, cuando Adhemar Capital incurría en total cesación de pagos, dos meses antes de que Bacchiani sea detenido por la Justicia Federal.
En diálogo con este diario, Ibáñez informó ayer que realizó el pedido de sobreseimiento al fiscal de Delitos Contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, y que el viernes 16 de septiembre hizo otra presentación ante la oficina de Sumarios, solicitando la reconsideración de la exoneración dispuesta por el Ejecutivo Provincial.
"Ha quedado demostrada la parcialidad con la que se han manejado la Fiscalía y la instrucción del sumario. Se me imputa haber dado la orden de que no se cargue el cambio de titularidad de dos inmuebles que estaban a nombre de Bacchiani", para que no sean informadas a la AFIP y de esa manera evitar que puedan ser subastadas o rematadas, explicó.
"Trabajé 19 años en ese lugar. Entré como becado y me recibí de abogado. La primera apreciación que tuve en ese momento fue que pudo haberse tratado de un error. Ahora, con la prueba producida ha quedado demostrado que esa orden no existió. Además quedaron complicadas las otras dos imputadas, Andrea Pacheco y Norma Bravo, pero su destino lo decidirá la Justicia", agregó.
Dijo también pidió que se investigue por supuesto falso testimonio a dos funcionarios del Registro, "que declararon una cosa en la instrucción penal y otra en el sumario administrativo, en desmedro mío. Nunca pensé que pudiera tratarse de un hecho premeditado, que no fue casual. Pero se usó a mi persona como chivo expiatorio para proteger a Norma bravo y a Pacheco. Eso ha quedado claro con la parcialidad con la que se han realizado las investigaciones".
Sostuvo que fue suspendido el primer día del escándalo, con cese de pago de sueldos y de cobertura de la obra social.
“De los tres imputados soy el único que presentó el pedido sobreseimiento y el recurso de reconsideración de la exoneración. Y voy a ir hasta las últimas consecuencias para demostrar mi inocencia", finalizó.
