La compleja realidad argentina admite todos los debates políticos. Desde 1810 a la actualidad, las controversias sobre las interpretaciones históricas son un lugar común y a la vez un reflejo de la pluralidad de ideas que son inherentes a las sociedades democráticas. Todas las posturas son válidas, siempre y cuando no constituyan apología de delitos.
El debate sobre los años setenta en nuestro país, por ejemplo, admite todas las perspectivas. Pero no pueden tolerarse aquellas que reivindican delitos cometidos, en particular si se cometieron desde el Estado. El negacionismo no es, entonces, una toma de posición que pueda considerarse admisible éticamente.
El negacionismo, se ha insistido en esta misma columna, es un comportamiento humano que niega una realidad histórica y empíricamente verificable. Los negacionistas, por ejemplo, pueden negar que existió el holocausto judío provocado por los nazis o, en el caso argentino, una planificada represión ilegal que causó miles de muertos y desaparecidos durante la dictadura militar.
Hace un par de años, un jefe comunal de una pequeña localidad cordobesa denominada Villa Cerro Azul, Andrés Oscar Data, fue apartado de su cargo luego de que publicara imágenes y textos reivindicatorios de Jorge Rafael Videla y Adolf Hitler. El pasado miércoles, otra jefa comunal de la vecina provincia, Nelly Morales (Pro), de Los Aromos, realizó también un posteo negacionista del terrorismo de Estado que padeció la Argentina entre 1976 y 1983. Avaló, en sus redes sociales, que los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en el marco institucional “no es justicia, sino venganza”. Si es grave que asuman esta postura ciudadanos comunes, mucho más lo es que la adopten dirigentes que tienen una responsabilidad institucional. Apenas conocida la publicación, organizaciones sociales y de derechos humanos pidieron que Morales renuncie.
La represión ilegal de la dictadura está ampliamente documentada, y los testigos se cuentan de a miles. En el libro Nunca Más, que es el informe final la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas se relevaron miles de casos de abducción, desaparición, tortura y ejecuciones. Cada caso fue documentado en un archivo numerado. Se compilaron más de 50.000 páginas de documentación.
Las desapariciones documentadas en el libro son exactamente 8961, pero hay muchas miles más que no fueron incorporadas al informe. Documentos desclasificados en Estados Unidos en el año 2006 revelaron que los miembros militares del genocidio en el año 1978 ya reconocían la cifra de 22.000 personas que habían sido secuestradas y desaparecidas desde 1975 hasta poco después del Mundial realizado en Argentina. Y luego de 1978 las desapariciones siguieron. De modo que el número que se calcula de desaparecidos es de 30.000.
Debe comprenderse que el “Nunca Más” releva la información disponible hasta 1984, apenas un año más tarde del fin de la dictadura. Los datos obtenidos después de ese año permiten completar la información. Por caso, en el “Nunca Más” figuran 340 centros clandestinos de detención. Hoy se sabe que eran más de 600.
Los debates sobre la violencia en la Argentina, sus causas, sus responsables, sus implicancias, son todos válidos. Lo que no es válido es negar el horror del terrorismo de Estado, porque es una manera aberrante de justificarlo.