El 23 de enero de 2014 a las 22.30 un alud de piedras, agua y barro arrasó con la localidad de El Rodeo, departamento Ambato.
miércoles 11 de noviembre de 2026
El 23 de enero de 2014 a las 22.30 un alud de piedras, agua y barro arrasó con la localidad de El Rodeo, departamento Ambato.
Once personas murieron y una desapareció. La causa judicial que se inició aún no fue a juicio. De los 13 imputados originarios, 11 fueron sobreseidos: el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral (falleció el 25 de agosto de 2021), Néstor Rosales (exadministrador de Vialidad Provincial), Jorge Solá Jais (exadministrador de VP), Luis Dal Bon, Elías Seleme, Hugo Zurita, Miguel Villafáñez, José Alberto Argañaraz, Daniel Acuña, Luis Pinetta, Juan Negui (exsecretario de Recursos Hídricos).
A nueve años de la tragedia la causa tiene dos imputados, el exintendente de El Rodeo Félix Casas Doering y el exdirector de Defensa Civil Alfredo Saavedra, ambos imputados por el delito de "incumplimiento en los deberes de funcionario público".
A fines de noviembre, los abogados defensores de ambos habían pedido el sobreseimiento de ambos aduciendo que por el tiempo transcurrido desde la tragedia, la acción penal debería ser considerada "prescripta". El planteamiento fue rechazado por el juez correccional Chayle Costilla en diciembre de 2022.
Mientras tanto y feria judicial de por medio, pasó un año más sin que la causa llegue a juicio.
"Como víctimas siempre nos hemos sentido desamparados por el Poder Judicial, porque la causa lleva nueva años y nunca ha avanzado como debería. Lo hizo muy lentamente y sentimos que no nos brindan justicia", reclamó Sergio Díaz, sobreviviente y víctima.
"Los sobrevivientes no somos vistos como víctimas y en esta situación no nos protege el Poder Judicial, que va dilatando todo", agregó, remarcando que los sospechosos esperan que la causa prescriba.
"Las dilaciones permiten que la gente se defienda con la prescripción y eso provoca que el ciudadano olvide lo que realmente sucedió", manifestó.
"Tampoco hemos tenido una reparación por parte de los demás poderes del Estado, porque desde el Ejecutivo Provincial las cosas no han cambiado. Y los ciudadanos no juzgamos como responsables a quienes no hacen lo que deben hacer, lo que hicieron antes y lo que hicieron ahora o dejaron de hacer", remarcó.
"No debemos olvidar lo que pasó recientemente en Río El Tala, cuando falleció una niña que cayó al río, o en Valle Viejo, cuando tras un gran temporal una rama de cayó sobre una mujer y la mató, o la tormenta de la semana pasada que causó desastres y los organismos del Estado no pudieron prevenir o decirle a la gente cómo actuar ante semejantes eventos", finalizó.
El abogado querellante y representante de las familias Díaz y Ahumada, Gerardo Romero, coincidió en que las maniobras dilatorias lograron que la causa continúe estancada y sin resolución.
Recordó que la tragedia llevó a que las autoridades reaccionen y coloquen sistemas de alerta temprana y regularmente limpien los cauces de los ríos, "y la gente debe estar pendiente de eso, no debe olvidarlo porque fue a sangre y fuego. Tuvo que pasar lo que pasó para que se den cuenta de que un camping funcionaba en lugar prohibido, que no había rutas de escapes y muchas otras cosas. Y hay que pedirle a las autoridades que cuiden esos sistemas, los actualicen y mantenga informada a la población" sobre futuros siniestros.
Por su parte, el abogado José Gigena, representante de la familia Sal Castiglione, consideró que el fiscal Alejandro Gober, en lugar de acusar, fue quien determinó el sobreseimiento de los imputados sin fundamentos ni sentencia, salvo Mazzucco, que fue quien imputó a todos”.
“Gober nos alentó a todos para que sigamos adelante en la causa y cuando fue nombrado fiscal, cambió el sentido de la acusación en un acto artero. Luego nos esperanzamos con el fiscal Jonathan Felsztyna, quien luego se dedicó a salvar a los demás encausados. Habrá que seguir luchando para que la causa llegue a juicio”, remarcó. n
