El director de Derechos Humanos, Ernesto Castrelos, comentó que si bien ya hay un listado de potenciales beneficiarios, resta que se completen los expedientes para que sean girados a AGAP y recién pueda aplicarse la liquidación del resarcimiento económico. Sin embargo, evitó responder cuánto puede tardar el trámite. El plazo para presentar carpetas venció el 14 de octubre, pero seguirán recibiendo a pedido de algunos ex trabajadores cesanteados que quedaron fuera del beneficio.
Castrelos pidió paciencia a los ex trabajadores que fueron cesanteados por la última dictadura militar y les recordó que "recién la semana pasada venció el plazo de seis meses para confeccionar un listado de beneficiarios".
El funcionario recordó que una vez confeccionado el listado, los potenciales beneficiarios deben presentar decretos de baja emitidos en el momento de su cesantía, y en caso de que existiera, el decreto de alta. Además, un certificado emitido por ANSES o AGAP en el que se demuestre que no hicieron aportes previsionales durante los años en los que estuvieron cesantes. "Hasta ahora nadie completó el expediente", explicó.
En ese sentido, comentó que una vez finalizado el expediente, la Dirección de Derechos Humanos tiene 30 días para emitir un dictamen y remitirlo al Ministerio de Gobierno y a la AGAP (Administración General de Asuntos Previsionales) para que haga efectivo el cobro del resarcimiento. Sin embargo, no aseguró una fecha de pago ni puntualizó cuánto puede demorar ese trámite.
Por último, Castrelos recordó que no todos los cesanteados recibirán el mismo resarcimiento. "Si bien la ley establece hasta 10 sueldos de la categoría 18, no en todos los casos recibirán ese monto, ya que no todos estuvieron cesantes durante los siete años de dictadura. Algunos fueron reincorporados, otros fueron cesanteados más adelante, cada caso es particular", explicó.
La reglamentación de la ley estipulaba que habría $20.000.000 afectados al pago de ese resarcimiento, de los que la mitad serían del presupuesto 2015.
