Tras un informe realizado por El Ancasti que da cuenta una vez más de la facilidad con la que cuentan las casas financieras para llegar a cobrar préstamos usureros, se conoció que el Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura, que dependía de varias áreas de los Ministerios de Hacienda, Gobierno y Producción del Gobierno de la Provincia, no funcionó más que unos pocos meses. Según fuentes consultadas, el comité antiusura solo tuvo como gestión solicitar información en torno al funcionamiento de las casas financieras ante la Dirección de Defensa del Consumidor allá por 2012; sin embargo no volvieron a solicitarse nunca más informes ni controles de este tipo. A la fecha los controles a las financieras son realizados por la Dirección de Defensa al Consumidor, al igual que en el resto de los comercios, pero ahondan en que el consumidor cuente con toda la información adecuada a la hora de acceder a un crédito. Sin embargo deja cuestiones indispensables de lado, como la tasa de interés que cobran y la documentación que requieren. Desde el organismo se indicó que los controles se realizan en forma periódica, siendo el último de ellos realizado entre fines de marzo y principios de abril, oportunidad en la que se constató que los requerimientos se estaban cumpliendo salvo pequeñas irregularidades como el hecho de que se informe solo en uno de los box de atención las tasas vigentes. Solo demandaron que solicite el cumplimiento de este detalle. Al cabo de tres meses sin controles de este tipo y con una notable demanda relacionada con la necesidad económica de la población, varios comercios dejaron de lado algunas exigencias, como la exhibición pública de los intereses que aplican.
Ahora, luego de finalizada la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que demandó la presencia del organismo en el lugar, se indicó que los controles se retomarán. Siempre con la advertencia de que los incumplimientos están penados por la normativa vigente a través de la ley 22802, que incluye sanciones económicas para quienes la incumplan.
Martín Luna, jefe de la división de Inspectores de Defensa del Consumidor, señaló que la función del organismo es la de controlar que los comercios de este tipo cumplan con la normativa vigente, que apunta a que el consumidor cuente con información vital como la tasa de interés, además de la difusión de los servicios y planes de financiación, y que no incurra en publicidad engañosa. Sin embargo, en lo que respecta a los requisitos que debe cumplir quien solicita un préstamo, no se encuentra establecido, por lo que en cierto modo las financieras tienen libertad para solicitar la documentación que consideren necesaria.
Al respecto, El Ancasti dio a conocer que algunas financieras comenzaron a solicitar en los últimos meses la presentación de CBU, y hasta ticket de movimientos bancarios, además de la información habitual como recibo de sueldo, DNI, impuestos y demás datos personales. Desde el organismo se aconsejó a los usuarios que eviten brindar esta información en la que se pueden ver comprometidos sus datos relacionados con los ingresos que perciben, a modo de evitar posibles engaños.
Sin embargo, se estimó que esto podría obedecer a que muchas veces la gente saca más de un crédito con pocos días de diferencia y esto podría dar a conocer la capacidad de pago del solicitante, aunque admitió que no justifica la medida.
En este contexto, solicitó a la población que al momento de realizar el trámite y corroborar que el comercio no esté cumpliendo con la información correspondiente se realice la denuncia, para que el organismo pueda actuar en consecuencia.
La reglamentación pone límites al costo financiero
El comité antiusura fue creado por decreto acuerdo Nº 636/12 y estaba integrado por referentes de Asesoría General de Gobierno; Fiscalía de Estado; y los Ministerios de Hacienda y Finanzas, de Gobierno y Justicia y de Producción y Desarrollo, e invitaba además a la participación activa de asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones no gubernamentales. La normativa en su articulado señala que “se define como excesiva, abusiva y desproporcionada toda tasa que se aplique por las entidades financieras atípicas, casas de préstamo o prestamistas, o entidades afines, que exceda la que informa mensualmente el Banco de la Nación Argentina para operaciones de préstamos personales, con más el 7%, la cual se considera como Costo Financiero Total (CFT), expresado como tasa efectiva anual que incluye el concepto de interés o renta financiera", incluyendo los gastos administrativos, cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto que se demanden por la operación.
