La fuerte pelea entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Provincial (PEP), por el recorte de $100 millones presupuestados originariamente por los judiciales, llegó a un principio de acuerdo que quedará sellado con el paso de los meses.
Todo forma parte de un pacto entre el Gobierno, que fue representado por la gobernadora Lucía Corpacci y los ministros de Gobierno y Justicia y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Saadi y Ricardo Aredes, respectivamente, quienes llegaron a un consenso con los ministros de la Corte de Justicia de Catamarca, Raúl Cippittelli, Vilma Molina y Miguel Figueroa Vicario, para el envío de una partida extra que amortizará los incrementos salariales de la segunda parte del año, principalmente.
De hecho, días atrás los empleados judiciales cobraron un incremento del 3% con sus haberes de julio que cobraron en los primeros días de agosto, el cual se suma al 10% que ya venían percibiendo. Pero además, la Corte otorgó un 7% más que irá al sueldo de septiembre, que cobrarán en octubre.
Justamente, esta resolución de la Corte surgió a fines de julio, luego de que los ministros de la Corte lograran un compromiso del Gobierno para el envío de partidas que ingresarán al Poder Judicial por fuera de lo presupuestado para 2017.
Incluso, el máximo tribunal de Justicia incorporó el pago de un adicional por presentismo, que a partir de julio es de $1.473 y desde septiembre será de $1.576. Pero a este adicional solo los percibirán los empleados.
Es decir, tras el reclamo de los judiciales durante la primera semana de julio –con movilizaciones y marchas frente a Casa de Gobierno, más algunos días de paro- y la advertencia de la Corte de judicializar la quita de $100 millones, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la negativa a mejorar las partidas, aunque parcialmente. No significa que se remitirán $100 millones ni los $50 millones que pidió luego la Corte. Pero sí se cubrirán los aumentos salariales de los judiciales, que superarán el 20%, ya que con el pago escalonado de los incrementos se convertirán en acumulativos.
El oxígeno que representa la llegada de dinero fresco al Poder Judicial también se hace extensivo a diversas áreas que, con la merma de las partidas, se vieron resentidas y afectado su funcionamiento.
De acuerdo con la información a la que accedió en exclusiva El Ancasti, el acuerdo con el PEP también incluye la posibilidad de realizar algunos nombramientos. Esto significa que, además de cubrir los cargos de empleados que se jubilaron recientemente, y de los que convertirán en pasivos en breve, las nuevas partidas comprometidas por el Gobierno contemplan la posibilidad de generar nuevos ingresos en áreas críticas, como la Policía Judicial.
