Se trata de la primera actualización para usuarios residenciales desde 2001, mientras que el último retoque para industrias y comercios había ocurrido en 2006.
De Vido anunció también que se eliminarán los premios, pero no los castigos, para quienes consuman más de 1.000 kilowatts bimestrales, un grupo que representa el 9 por ciento de los clientes residenciales.
El ministro se preocupó en aclarar que el nuevo cuadro tarifario se aplicará sólo para el 24 por ciento de los usuarios residenciales, dado que se comienza a aplicar a partir de consumos superiores a los 650 kilovatios bimestrales.
De acuerdo con lo informado por el funcionario, el 76 por ciento de los hogares consumen por debajo de ese límite, por lo que no registrarán modificación alguna.
EDECAT dijo que la tarifa que llega al usuario final está compuesta esencialmente por el costo de abastecimiento, que es la energía que la distribuidora compra al mercado mayorista y que incluye los costos de generación y transporte, y el Valor Agregado de Distribución (VAD).
En el primer caso, los costos de abastecimiento que la distribuidora paga a través de la factura de CAMMESA y transfiere a los clientes directamente a través del cuadro tarifario, deberían ajustarse cada 3 meses. Los ajustes han sido muy menores o solo se han realizado para grandes clientes, por los subsidios otorgados, afirmó. En el caso del VAD, que es la remuneración de los costos de la distribuidora (personal, materiales, combustible, contrataciones etc.), la firma argumentó que actualmente tiene un fuerte atraso, por los aumentos de costos especialmente en materiales utilizados para la operación, mantenimiento y los costos indirectos. Por lo que se ha vuelto obsoleto a los movimientos de la empresa, esto sumado a que la tarifa de EDECAT, tal como se ha publicado, figura entre las dos más bajas del país.
La distribuidora explicó que el aumento operaría solo si la Nación decide trasladar el porcentaje aplicado en Buenos Aires a la generación, el transporte y la distribución de la energía que consumen las provincias, medida que por el momento no ha sido anunciada por el Gobierno.Cuestionamientos
Entidades de defensa al consumidor cuestionaron la legalidad de la medida decidida unilateralmente por el Gobierno nacional, recordando que las normativas vigentes establecen que se debe convocar a una audiencia pública en la que se someta a debate un ajuste tarifario.
En este marco, varias asociaciones de usuarios aseguraron que realizarán una presentación conjunta ante el Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido.
Para el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, el Gobierno nacional se había comprometido a convocar a una audiencia con las empresas Edenor, Edesur y Edelap. Nunca lo hizo, dijo a lanacion.com, y agregó que la suba no es legal.
Por su parte, Susana Andrada, titular del Centro de Educación al Consumidor, repudió la implementación de la suba, y dijo que no es cierto que alcance sólo al 25% de los hogares.
