sábado 21 de mayo de 2022

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Recurso de reconsideración y pedido de suspensión

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4 de septiembre de 2006 - 00:00
El pasado 10 de agosto, el apoderado legal de la empresa de Hugo Orioli, remitió al gobernador Eduardo Brizuela del Moral un planteo de “recurso de reconsideración” en contra del decreto O.y S.P. Nº 824 de fecha 8 de junio de 2006, por el cual se adjudica la construcción de la Estación Transformadora de Saujil (Pomán), a la empresa Carlos Monti- Ducanor SRL.

En la nota girada al Gobernador, Orioli adjuntó todos los elementos que dejarían entrever vicios en el proceso licitatorio y adjudicación de la mencionada obra.

El ministro de Obras Públicas, Juan Acuña, también fue advertido sobre las supuestas irregularidades el mismo día que el Poder Ejecutivo.

El abogado José Fernández solicitó por escrito la suspensión de los efectos del acto, “como consecuencia de los graves defectos que posee el mismo”.



Fundamentos

El recurso de reconsideración planteado por la empresa de Orioli fue acompañado con los siguientes datos en las notas enviadas al Gobernador y al titular de Obras Públicas:

Tal como se advertirá rápidamente del análisis de los fundamentos que acompaño con el presente, el Decreto O y S.P. Nº 824/06 posee vicios o defectos que vulneran claramente el procedimiento contractual, tirando por tierra principios liminares de la contratación estatal -en especial-, el carácter absolutamente reglado que tiene la administración para evaluar el cumplimiento de los requisitos por los pliegos de condiciones, por cada uno de los oferentes.

Un oferente fue admitido sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por los documentos de contratación y paralelamente otro -en este caso quien denuncia-, le fue aplicado en absoluto rigor el texto del procedimiento contractual, impidiéndole continuar en calidad de oferente. Pero esto último de “hecho”, ya que el Decreto Nº 824/06 nada dice al respecto, produciéndose una clara violación de la motivación del acto administrativo.

El funcionario denunciado (por Miguel Yadón) ha impulsado la adjudicación de la obra a un representante que no cumple con los requisitos del pliego de condiciones.

Según las constancias obrantes en la oferta presentada, se ha acompañado la declaración jurada de los miembros integrantes de la proponente, esto es Ducanor SRL e Ing. Carlos A. Monti, pero no la declaración jurada de la proponente misma. Dicha falencia no puede ser tenida por suplida con la presentación de la declaración jurada de cada uno de los miembros, ya que la proponente (UTE), además de ser un sujeto jurídico absolutamente distinto de las que la componen, podría estar inhibida para disponer y gravar sus bienes registrables, o mantener acciones judiciales con el Estado por deficiencias constructivas, entre otras.

El punto 13.15 del pliego de condiciones particulares (documentación complementaria, inciso b), establece la obligatoriedad de “antecedentes técnicos y nómina de por lo menos 2 obras proyectadas y ejecutadas en alta tensión con niveles de tensión nominal igual o superior a 132 KV”. La empresa de Monti sólo presentó 1 antecedente de obra formando parte del 33% de una UTE.



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