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El Defensor del Pueblo advierte sobre el asistencialismo minero

Guillermo Mondino expresó su preocupación por “las donaciones que, acompañadas de ostentosos actos publicitarios” realizan las empresas mineras. La denuncia surge tras la presencia de funcionarios del organismo en la provincia.

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29 de septiembre de 2006 - 00:00
El defensor del pueblo de la Nación, Guillermo Mondino, alertó, en una entrevista con EL ANCASTI, sobre el asistencialismo que despliegan las empresas mineras en las comunidades en que están insertas, particularmente en el ámbito educativo e instó a los Estados provinciales a tomar cartas en el asunto poniendo límites a estos hechos y asumiendo el rol que les corresponde.

Según comentó Mondino a partir de denuncias por presunta degradación ambiental, funcionarios del organismo viajaron en tres oportunidades a Catamarca, Tucumán y La Rioja para investigar estos hechos y observaron que “hay una profusa acción de las empresas mineras sobre la comunidad local, con alto grado de publicidad de aquellas cuestiones que hacen a donaciones y aspectos sociales con los cuales nos parece –y de hecho así hemos manifestado nuestra preocupación a los gobernadores- que estaríamos ante una intención de manipular esa opinión para no tener voces adversas a la actividad que realizan”.

Mondino alertó sobre ciertos “hechos de gravedad vinculados específicamente con el accionar por parte de las empresas mineras sobre la sociedad y, en particular, su impacto en la educación pública" y resaltó que esta modalidad de “grandes empresas (Barrick Gold Corporation y la Unión Transitoria de Empresas que conforman Minera Alumbrera Ltd. y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) está dirigida concretamente a brindar asistencialismo directo a instituciones educativas y otras organizaciones sociales”.

Con toda la documentación en su poder, el organismo nacional notificó el miércoles al gobernador de la Provincia, Eduardo Brizuela del Moral, y a sus pares de San Juan y Tucumán, así como a los secretarios de Minería y Medio Ambiente de la Nación, Jorge Mayoral y Romina Picolotti, respectivamente, de la situación que se vive en las comunidades mineras.

“La cuestión es plantearles a los Estados provinciales y nacionales que algunas actividades no pueden quedar en manos de los privados, como lo que tenga que ver con la educación, la salud y que si, de alguna manera por una cuestión solidaria, empresas mineras u otras que desarrollen otra actividad lo hacen, lo tienen que hacer con la suficiente libertad de no estar, prácticamente, planteándoles a los ciudadanos una situación de manipulación al momento de efectuar una donación. Tienen que tener algún tipo de ética cuando las realizan”.

Para el Ombudsman, no es la donación en sí el hecho preocupante, sino que esas acciones vengan acompañadas de una contrapartida publicitaria: “Se puede hacer publicidad, pero no abusar de ella. Nosotros hemos tenido casos, no puntualmente de Catamarca, pero sí de San Juan, donde prácticamente a los chicos se los induce a pensar que tienen una escuela porque la construyó la empresa”.

El personal de la Defensoría registró “cómo desarrollan las citadas empresas mineras –con total habitualidad y naturalidad- la ayuda y colaboración a escuelas

públicas y privadas, hospitales, organizaciones agrícolo-ganadero-industriales, eventos culturales, programas de restauración de patrimonios culturales municipales y/o provinciales”.

En opinión de Mondino, “estos hechos son preocupantes en razón de que dichas donaciones -acompañadas con ostentosos actos publicitarios - provocan la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades, gravedad que se ve amplificada al dirigirse estas acciones a educandos que poseen entre 3 y 18 años de edad, quienes no solo reciben información a procesar sino que están en edad de formación de conciencia y de valores”.

Aunque admitió que no existen legislaciones que regulen o impongan límites a este tipo de donaciones, Mondino consideró que es responsabilidad del Estado fijar pautas al respecto: “El Estado puede, de una u otra manera, poner reglas en las cuales se aceptan ciertos tipos de donaciones a sectores que son responsabilidad del Estado. Pero lo tiene que hacer el Estado; nosotros lo único que estamos transmitiendo es lo que hemos observado”.



Contaminación

La Defensoría del Pueblo de la Nación –según informó su titular- está investigando denuncias “sobre degradación ambiental” que estaría produciendo el accionar de las mineras. Sobre este tema, Mondino señaló que “es un estudio que está en trámite, que llevará un tiempo y que seguramente en un plazo perentorio estaríamos teniendo novedades”.
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