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Comienza juicio contra Terán

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25 de septiembre de 2006 - 00:00
El proceso de destitución contra el ex juez federal de Catamarca, Felipe Terán, sospechado de haber cometido irregularidades en causas vinculadas a títulos públicos mientras se desempeñaba al frente del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, se iniciará hoy en Buenos Aires, ante el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.

Paralelamente, comienza en Tucumán una causa penal que lo tiene como imputado por los mismos hechos, aunque él puede negarse a prestar declaración indagatoria hasta que concluya el proceso de destitución en su contra, siempre y cuando le sea adverso.

En ese caso, Terán podría no sólo ser destituido del cargo, sino que podría terminar imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y tentativa de fraude contra el Estado nacional.

Según informa el diario La Gaceta, ambos procesos judiciales tienen el mismo origen: presuntas irregularidades en la causa abierta en 2004, cuando Inés Yolanda Borquez promovió una demanda por medio de la cual solicitó a Terán que declarara inconstitucional la normativa que pesificó los títulos públicos luego de que el Estado nacional se declaró en cesación de pagos (default), como consecuencia de la devaluación que siguió a la salida de la convertibilidad.

La pesificación significaba devolver -en este caso los bonos- a un cambio fijado a $ 1,40 más CER por dólar. Borquez, cuando accionó contra el Estado, acompañó copia certificada de tenencia de títulos por U$S 620.000 y pretendía que, declaración de inconstitucionalidad de la pesificación mediante, le pagaran respetándose la moneda de origen (dólar) o el equivalente en pesos según la cotización en el mercado libre.

Terán libró una medida cautelar a favor de la demandante por medio de la cual le ordenó al Estado que se abstuviera de concretar la pesificación, pero no especificó la cantidad (cifra) en títulos que debía ser beneficiada con la resolución. Como consecuencia, el Ministerio de Economía de la Nación advirtió que, dos meses después del dictado de la sentencia, en la cuenta de la mujer habían ingresado 4 millones de dólares más en bonos, que también podían beneficiarse con la resolución que bloqueaba la pesificación.

El erario no llegó a pagar porque, finalmente, la cautelar fue dejada sin efecto por el propio juez, razón por la que el fiscal federal Carlos Brito considera que la supuesta maniobra de defraudación quedó en grado de tentativa.
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