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Para Herrero, la ANSES está en condiciones de pagar la movilidad

El juez catamarqueño aseguró que si existiera voluntad política de la Nación “se podría mejorar al instante la situación de la clase pasiva”. Criticó fuertemente la reforma previsional implementada por Menem que “dejó a Argentina sin sistema previsional”.

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24 de septiembre de 2006 - 00:00
El juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis René Herrero, aseguró, en diálogo con EL ANCASTI, que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está en condiciones de asumir el pago de la movilidad de los haberes jubilatorios, reconocida constitucionalmente. Según señaló el magistrado catamarqueño, mientras los ingresos en conceptos de aportes previsionales se incrementaron notablemente, la Nación redujo en forma significativa los gastos en política social.

“Los ingresos económicos se han incrementado exponencialmente; en el año 2002 ingresaron a la ANSES, en concepto de aportes y contribuciones, 12.000 millones de pesos; a junio de 2006, rondaban los 16.000 millones de pesos y se cree que a fines de 2006, va a superar los 20.000 millones, de manera que hay plata, hay modo de financiar la movilidad que se les adeuda a los jubilados y el pago de la diferencia que también se les adeuda”

Herrero citó datos de “la Dirección de Estudios del Gasto Público y de Programas Sociales que depende de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía” que revelan que “en el año 2004 se ha destinado, en concepto de gasto social, 45.000 millones de pesos en comparación con el año 1994 en que se invirtieron 56.000 millones de pesos”.

Tomando como base de su argumentación esos datos numéricos, el juez santamariano -que estuvo en Catamarca esta semana participando del IV Congreso Argentino de Derecho Previsional- resaltó que “si estamos viendo que la Argentina, en la actualidad, está destinando para los jubilados, pensionados y gastos de salud mucho menos dinero que en la década del 90, creo que lo que está fallando son las políticas públicas y las asignaciones del gasto social”. En ese sentido, consideró que “si existiera la voluntad política de equilibrar las cuentas y asignar lo que corresponde según la Constitución Nacional al sector de los jubilados y pensionados, se podría mejorar al instante la situación de la clase pasiva”.

Crítico de la reforma previsional, opina que el país “no tiene un sistema previsional organizado como se prometió en la década del 90”.

“No veo ningún beneficio en la reforma porque el sistema que implementó el ex presidente Menem y Cavallo lo que menos tenía era previsión social, era un sistema que apuntaba a otras finalidades, al punto que ha dejado a la Argentina sin previsión social. No ha sido el objetivo de aquel gobierno crear o mejorar un sistema previsional, sino apropiarse de los ahorros y aportes de los contribuyentes con fines económicos de otra naturaleza, desarticulando el sistema previsional y dejando a los argentinos desamparados cuando lleguen a viejos y necesiten alguna prestación que les permita vivir en dignidad”.



La vía judicial

El no reconocimiento de la movilidad de los haberes a los jubilados nacionales y a los pasivos provinciales que fueron transferidos a la Nación (cabe aclarar que la Provincia anunció esta semana la restitución del 82% móvil a partir de enero de 2007) ha motivado una verdadera avalancha de demandas judiciales buscando recuperar derechos constitucionalmente reconocidos. Según reveló el magistrado, “en todo el fuero Federal de la Nación hay aproximadamente 50.000 juicios de jubilados y pensionados por reajuste de haberes y en procura de lograr la movilidad que les promete la Constitución Nacional”. Aunque no arriesgó a dar cifras de las demandas iniciadas por jubilados catamarqueños aseguró que son muchas y que, aunque ingresan por el Juzgado Federal de la Provincia, todas pasan por la Cámara de la Seguridad Social que él integra.

En su opinión, el reclamo por vía judicial de la restitución de la movilidad previsional es demasiado lento para los jubilados por lo que aboga por el reconocimiento de estos ajustes a través de decisiones políticas: “La opción por la justicia es una opción válida, pero lamentablemente la justicia es lenta; hay que esperar el paso de todas las etapas y el tiempo es muy importante para los jubilados porque un juicio previsional iniciado en primera instancia hasta la Corte puede llevar fácilmente cuatro años de manera que no es una opción muy interesante para los jubilados”.
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