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Huillapima

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23 de septiembre de 2006 - 00:00
El secretario de Gobierno de la municipalidad de Huillapima, Miguel Romero, dijo que la denuncia penal presentada por la comuna en contra de las autoridades del ministerio de Obras Públicas se planteó para "preservar los intereses de la comunidad y dejar salvado al municipio por cualquier cosa que pudiera ocurrir".

"En la cárcel habrá 500 personas recluidas. La municipalidad tiene derecho a saber los detalles de la construcción y a autorizar los planos, porque después puede ocurrir cualquier cosa y le van a echar la culpa por no cumplir con su obligación. Espero que se cumpla lo que dijo Zanotti y la obra no se reciba hasta que la empresa no tenga todos los papeles en regla con el municipio. Nosotros lamentamos tener que haber llegado a esta instancia para que recién se dignaran a dar una respuesta clara", manifestó Romero.

El funcionario cargó también en contra de Pablo Bordón, un vocero del ministro Juan Acuña que cuestionó al intendente Omar Santucho.

"A este muchacho Bordón lo tienen contratado como supervisor en el Ministerio de Obras Públicas para que salga a hablar y a decir cualquier cosa. Yo le digo que antes de hablar hay que conocer y le propongo que se acerque a Huillapima para ver si la gestión de Santucho no hace obras. Lo que pasa es que lo mandan a decir cualquier cosa y él repite…parece que es para lo único que sirve", dijo Romero.
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