martes 24 de mayo de 2022

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La compra del terreno, al TC y a la Corte de Justicia

El ARI pedirá la “inconstitucionalidad” de la ordenanza impulsada por el intendente José Perea. Quiere comprar un predio a 885 mil pesos que fue tasado oficialmente en 300 mil pesos menos. El jefe comunal se fue de viaje ayer junto a los ediles cuestionados por haber aprobado la iniciativa.

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2006 - 00:00
La polémica ordenanza que propicia el intendente de Andalgalá, José Perea (Frente para la Victoria), para la compra de un terreno de 4,5 hectáreas para la construcción de una terminal de ómnibus será impugnada por el concejal del ARI Luis Valdez ante el Tribunal de Cuentas y la Corte de Justicia, porque viola “elementales normas administrativas de la provincia y del municipio”.

Así lo anunció el dirigente de esa fuerza política Carlos Haddad, quien especificó que iban a esperar que el jefe comunal promulgara la norma para iniciar las acciones, tanto en el organismo de contralor como ante la Justicia invocando “inconstitucionalidad”. Pero hasta ayer no había confirmación de que Perea haya cumplido el acto administrativo debido al viaje a Capital Federal que emprendió junto a algunos concejales (ver aparte).

“Si ha sido promulgada esta ordenanza vamos a hacer una presentación tanto en Tribunal de Cuentas de la Provincia como en la Corte para pedir la inconstitucionalidad de la misma porque consideramos que está viciada de toda nulidad”, señaló el ex concejal.

“Hay dos aspectos que hay que considerar en el pedido de nulidad, uno es lo que nosotros consideramos lo excesivo del monto a pagar por la propiedad, habiendo el Departamento Ejecutivo desconocido una tasación que hizo un técnico de Catastro en Andalgalá por una suma muy inferior a la que pagaron, pero más que todo el pedido de nulidad se hace por la violatoria a la normativa que contempla la adquisición de bienes por parte del Estado. Acá se ha violado el artículo 258 de la Constitución referido al Régimen Municipal donde dice que el municipio debe comprar en licitación pública; se ha violado la normativa local como ser la Carta Orgánica, que especifica que debe hacerse licitación y una vez aprobada la licitación con el sistema de doble lectura de las ordenanzas; además de la Ley de Contabilidad en la Provincia. O sea toda la normativa que reglamenta la compra de bienes y servicios por parte de los Estados ha sido violada”, resumió Haddad en declaraciones a Radio Ancasti.



“Con el pie izquierdo”

El dirigente recordó que “es un terreno que pertenecía a un diferimiento impositivo (El Durazno), un cupo caído de una empresa que le podemos llamar fantasma, que vino e hizo una inversión que no superó los $250.000 y tenía un cupo de 2 millones de pesos y de allí empezó ya esta propiedad con el pie izquierdo. Y si me preguntan por qué insiste el Ejecutivo, honestamente digo que es inentendible si tenemos en cuenta que hoy vienen a Andalgalá 4 ó 5 colectivos y no llegan más”. En esa línea, Haddad dijo que “no justifica el gasto” dado que solamente hay micros a la Capital de la provincia y que “haciéndola un poquito más funcional a la terminal que hoy tenemos, con mucho menos plata, solucionamos el problema”.

Por otro lado, volvió a cuestionar el uso de las regalías mineras para esa compra dado que “es un fondo que no es ni del Estado nacional ni del Estado provincial y es un resarcimiento que pagan las empresas mineras por extracción de recursos naturales por el daño ambiental que producen”.

Recordó que con esos fondos se aprobó oportunamente la compra de una autobomba para los bomberos y luego la compra de maquinarias para el municipio. “Lo raro de esto es que para la compra de la maquinaria, que anda en el orden de los $200 mil pesos, se llama a la licitación pública y para comprar un bien que vale $885 mil pesos no se llama a la licitación pública”, agregó.

Finalmente, dijo que “lo más grave de todo es que un intendente no puede mentir, porque él (Perea) argumentó que la tasación no tuvo en cuenta la construcción, cuando nosotros tenemos en nuestro poder la tasación del técnico Giordani donde él detalla punto por punto e ítem por ítem el precio de la construcción del edificio, que se ha hecho con una categoría o una calidad de segunda porque casualmente era parte de la estafa de ese famoso diferimiento”.
Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
Figuero habló del proyecto sobre Edgar Bacchiani. 

Te Puede Interesar