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Impugnarán la compra del terreno en la Justicia

Lo hará el concejal del ARI, Luis Valdez, en caso de que el intendente José Perea promulgue la ordenanza que autorizó la adquisición de 4,5 hectáreas por 885 mil pesos.

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16 de septiembre de 2006 - 00:00
El ARI andalgalense impugnará judicialmente por inconstitucional la ordenanza que autorizó al intendente José Perea a comprar por 885 mil pesos un predio de 4,5 hectáreas para construir la nueva terminal de ómnibus de Andalgalá, en caso de que el lord mayor la promulgue.

Así lo anticiparon en conferencia de prensa el concejal de esa fuerza política, Luis Valdez, y el dirigente Carlos Haddad, quienes resaltaron lo desproporcionado del valor que se le asigna al terreno, ubicado en el ingreso de la Perla del Oeste, y la violación de disposiciones de la Carta Orgánica y la ordenanza contable municipal, que no permiten hacer compras directas por montos superiores a los 15 mil pesos.

En medio del escándalo, Perea optó por viajar a Buenos Aires mientras empezaban a surgir nuevos y sugestivos detalles de la polémica operación, que se financiará con recursos de las regalías mineras.

El concejal Valdez explicó que la tasación más económica, que fijaba el precio del terreno en 517 mil pesos, fue la primera a la que tuvo acceso el municipio, pese a lo cual no la incluyó en el expediente elevado al Concejo Deliberante.

La pericia fue realizada por el técnico constructor Rodolfo Giordani y está fechada el 7 de agosto, pero permaneció oculta hasta el martes pasado, cuando estalló la controversia.

Las otras tasaciones, mucho más caras, fueron posteriores. Y la de 900 mil pesos, que según los funcionarios municipales había servido para negociar un precio inferior al millón de pesos que pretendían los oferentes, se confeccionó en realidad después de que éstos realizaran la oferta.

Para el edil, los hechos demuestran la existencia de una maniobra para incrementar el precio del terreno en perjuicio del erario comunal.

En este sentido indicó que, con semejante monto, la compra debería haberse gestionado a través de una licitación u otro mecanismo que permitiera la compulsa pública de propuestas y no en forma directa, como se hizo. O bien a través del sistema de doble lectura en el Concejo Deliberante, que incluye una audiencia pública entre dos sesiones del cuerpo para que la comunidad exprese su opinión.

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