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Piden que se suspenda el Plan de Aguas en Andalgalá

Un grupo de vecinos presentó una acción de amparo. Dicen que el programa aplicado por el municipio perjudica el medio ambiente. Critican que haya sido elaborado por una empresa privada e implementado en forma inconsulta.

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26 de diciembre de 2006 - 00:00
Un grupo de vecinos de Andalgalá solicitó a la Justicia que ordene la suspensión del Plan Director de Aguas ejecutado por el municipio porque, asegura, perjudica el medio ambiente y está provocando la deforestación por el "estrés hídrico" que produce en los árboles de la ciudad a raíz del tapado y revestimiento de los canales de riego.

En la presentación, patrocinada por el abogado Julio Andrada, los andalgalenses señalan que el plan fue confeccionado por la empresa Minera Alumbrera y que la comuna que conduce José Perea lo puso en marcha en forma inconsulta, sin la evaluación técnica y política de ningún organismo público.

"Este Plan Director de Aguas fue efectuado por un particular, un ingeniero civil, financiado por una empresa privada, sin el consenso de los técnicos y productores de la ciudad de Andalgalá involucrados, violándose de manera flagrante la ley General de Medio Ambiente, que establece en sus artículos 19 a 21 la Participación Ciudadana. Luego de ello fue impuesto y ejecutado en forma compulsiva por el Ejecutivo Municipal, sin la promulgación de ordenanza o acto administrativo alguno, el que es necesario dado la importancia de la cuestión y la naturaleza de los intereses comprometidos, como lo son la preservación del medio ambiente y fundamentalmente el agua, recurso primordial para la subsistencia de todas las formas de vida. Es decir que no hay acto administrativo que legalice la ejecución de semejante aberración de plan, cuyo propósito es, en teoría, mejorar las condiciones del hábitat. Hoy por hoy, la evidencia de la falta de razonabilidad está a la vista y los daños prometen tener el carácter de catastróficos", sostienen los amparistas.

El recurso de amparo fue interpuesto en primer lugar ante la Corte de Justicia, pero el tribunal se declaró incompetente y el abogado Andrada lo presentó entonces en el juzgado andalgalense.

Según los argumentos del escrito, el perjuicio ambiental se manifiesta principalmente en los árboles ubicados en las adyacencias de los canales tapados y cementados en el marco del Plan Director, que se estarían secando por la falta de agua. La extinción de los árboles en riesgo supone que dejen de cumplir la natural función de cortinas contra los vientos de la zona y de oxigenación.

"El Municipio continuó rápidamente con las obras de construcción de canales de cemento dentro de los canales de piedra y su tapado completo, empezando los más de cuatro mil árboles que se encuentran a lo largo del mismo un proceso acelerado de estrés hídrico y proceso de secado por falta humedad. Precisamente este acto repudiable y lesivo a nuestros intereses está promoviendo la deforestación y, consecuentemente con ello, la degradación de los suelos, la aceleración del proceso de sequía y la desertización de la ciudad de Andalgalá", argumentan los accionantes.

"A raíz de este grave perjuicio ambiental que está suscitándose -indican-, el día 17/11/06 se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución en el que se pretende detener las obras de tapado de los canales por el deterioro que producen en la forestación de las adyacencias, pretendiendo que la Secretaría del Agua y el Ambiente reformule el proyecto, responsabilizándola de los perjuicios producidos y que pudiese producir tanto a la ecología y al medio ambiente, como también al erario del municipio. En otras palabras, no puede entenderse por lógica que el órgano administrador, pretendiendo mejorar las condiciones ambientales, cause un daño mayor al ya existente".

Destacan los vecinos que en el plan no se ha previsto ningún programa tendiente a frenar la deforestación para morigerar la erosión.

"El acto atacado es un acto ilegítimo y abusivo por parte del municipio de la ciudad de Andalgalá, que no hizo nada más que ejecutar un simple estudio particular, sin emitir dictamen, ni resolución del Concejo Deliberante, ni formular un proyecto oficial y mucho menos dictar una normativa. Así es como hoy hemos quedado en una situación de prioridad ambiental. No queda opción o margen operativo: o sobrevive el sistema o lo aniquilamos por no ejercer nuestra función fiscalizadora, ordenada por nuestra Constitución Nacional cuando expresa del ambiente en su artículo 41: …todos tienen el deber de preservarlo… . Queda entonces entendido que es una obligación y no solamente un derecho el que se ejercita con este acto jurisdiccional. Se pretende que se efectúe un control del acto administrativo ilegítimo, irracional y arbitrario a fin de que se protejan de manera rápida y expedita nuestros derechos", solicitan los amparistas.
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