Hoy se cumplen 5 años del trágico incendio de la Alcaidía Policial que acabó con la vida de Franco Nieva (16), Nelson Molas (17), Nelson Fernández (15) y Franco Sosa (16), quienes estaban ilegalmente privados de su libertad por disposición de la Justicia de Menores. Tras diversas marchas, cortes de calles en las calles céntricas, las familias de los adolescentes fallecidos aún esperan que la Justicia castigue a los responsables.
"No hubo justicia para esos chicos carbonizados. Fueron discriminados por la sociedad", subraya Rosa Yapura, madre de Nelson Molas. La mujer, en su casa del barrio Parque Norte, le comentó a El Ancasti el difícil peregrinar en estos últimos cinco años. "Golpeamos puertas, hicimos cortes, reclamamos, pedimos justicia y nos cerraron las puertas. Fuimos discriminados, para todo el mundo éramos culpables", recuerda con dolor Rosa.
La mujer señaló que pese a no estar en contacto con los padres de las otras víctimas, organizará una marcha de duelo. "Ya pasaron cinco años, es medio difícil que pueda haber justicia", concluyó.
La causa judicial por el luctuoso episodio había sido desglosada por los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecín. Por un lado se investigó la presunta negligencia de los policías que estaban a cargo de la guardia al momento del incendio y, por el otro, si existió responsabilidad de las juezas de Menores de ese entonces, Ana María Nieto e Ilda Figueroa, y el ex ministro de Gobierno Javier Silva.
De la instrucción surgió que los uniformados Juan Carlos Reyes, Adrián Mansilla, Luis Leiva, Adriana Galván y Carlos Leiva debían ser enviados a juicio bajo la acusación de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas". En abril del año pasado, el juez de Control de Garantías N° 1 Héctor Maidana confirmó la citación a juicio y la causa ingresó en el Juzgado Correccional N° 1. El Ancasti pudo confirmar que se encuentra en la etapa de apertura de pruebas y antes de fin de año podría hacerse el juicio oral y público.
En lo vinculado al accionar de los ex funcionarios, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de las juezas Nieto y Figueroa al Juzgado de Control de Garantías N° 3. Ambas habían sido imputadas por el delito de "incumplimiento en los deberes de funcionario público". Es que según el Régimen Penal de la Minoridad, la Alcaidía policial era un lugar de "tránsito" y no debían estar más de 48 horas. Todos habían estado más de siete días alojados.
En el caso de Silva, los abogados defensores se habían opuesto en primer lugar a la imputación y el Juzgado de Control de Garantías N° 2 lo rechazó. Luego la defensa solicitó el sobreseimiento por prescripción.
La Tragedia provocó la renuncia del jefe de policía Francisco Soria y la plana mayor, del subsecretario de Seguridad Luis Baracat y finalmente de las juezas de Menores.
