miércoles 25 de mayo de 2022

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A pesar de las amenazas, siguen declarando testigos

Para hoy está previsto un nuevo testimonio. Ayer se suspendió una audiencia, pero el lunes un ex policía declaró durante dos horas. Tratan de determinar la responsabilidad que tuvo cada uno en los acontecimientos.

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4 de octubre de 2006 - 00:00
Luego de haber sido amenazados mediante cartas intimidatorias, el juez y el fiscal federal continuaron escuchando testimonios vinculados a la masacre ocurrida en agosto de 1974 en inmediaciones de la Capilla del Rosario. Lo hicieron el lunes pasado cuando se presentó ante ellos el ex policía Mariano Argentino Leiva, quien declaró durante dos horas pero no aportó mayores datos sobre aquel episodio histórico.

Para ayer estaba prevista la declaración de Ignacio Mauro Leopoldo Ponce y hoy declarará Julio Magín Cabur, mientras que para mañana se citó a José Martín Barrionuevo.

Todas las declaraciones tienen que ver con la causa iniciada para investigar la presunta ejecución de 16 guerrilleros del Ejercito Revolucionario del Pueblo, luego de la rendición de éstos tras el fallido intento de copamiento al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca.

Aquel hecho se produjo el 12 de agosto de 1974, aunque la investigación recién se inició treinta años después, a instancias de una denuncia que formularon representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos en Catamarca, que formalizaron lo que hasta ahora había sido un rumor a voces: 16 jóvenes insurgentes habían depuesto las armas ante fuerzas del Ejército y fueron ejecutados en las lomadas ubicadas al este de la Capilla del Rosario.

El caso es uno de los que se investigan en el Juzgado Federal de Catamarca como delitos de lesa humanidad, imprescriptibles para la ley penal. Justamente por el trámite de estas causas, tal como lo informó en exclusivo este diario, el juez Ricardo Moreno y el fiscal Santos Reynoso fueron amenazados mediante cartas escritas con computadora en las que les “advertían” que la “verdadera justicia” llegará, a la vez que los exhortaban a “no ceder ante esas presiones”, en alusión a supuestas directivas impartidas desde el Gobierno Nacional para instruir causas vinculadas a la violación e los Derechos Humanos durante la última dictadura militar. Cartas idénticas fueron recibidas en forma casi simultánea por una decena de jueces y fiscales federales de distintas provincias, los que están abocados a causas del mismo tenor.



Nuevos testigos

Los testimonios que tanto el juez Moreno como el fiscal Reynoso están tomando en estos días son de personas que aparecen en las fotografías recuperadas de la época, que fueron incorporadas a la causa luego de ser entregadas por el fotógrafo Eduardo Aroca. En ellas se observan a varios oficiales y suboficiales de la Policía provincial, ex autoridades políticas y militares que tuvieron activa participación en los hechos. Las autoridades judiciales pretenden ahora determinar qué responsabilidad les cupo a cada uno de ellos en los hechos que se encuentran bajo investigación.
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