El Gobierno nacional pretende reducir entre un 15 y un 20% de su planta de contratados. La medida impacta en las delegaciones de los organismos nacionales del interior, donde ningún referente libertario enfrenta los reclamos por la purga. La presión política se traslada a los gobiernos provinciales, también asfixiados por la tenaza motosierra y licuadora.