editorial

Plan oficialista para recuperar votos

jueves, 23 de septiembre de 2021 · 01:00

La derrota del oficialismo nacional en las PASO, donde perdió en 17 provincias incluidas Buenos Aires y Santa Cruz, obligó al Gobierno a replantear no solo el equipo de colaboradores –más para zanjar la grieta abierta por los reproches de la vicepresidenta Cristina Kirchner-, sino también las medidas que, según entiende, pueden inclinar la balanza en las elecciones generales del 14 de noviembre.

Son dos las premisas que se fijó para cambiar el humor social del electorado. Por un lado, ampliar las libertades individuales y colectivas en la pandemia, aprovechando más el descenso de casos que el avance de la vacunación, que aún sigue por debajo del 50% de la población con el esquema completo. Y, por otro, poner más plata en el bolsillo de la gente. 

Por lo primero, el Gobierno anticipó nueve días el anuncio del levantamiento de las restricciones por la pandemia de COVID-19, con medidas tales como disponer la no obligatoriedad de barbijos o tapabocas al aire libre y mientras las personas se encuentren circulando; poner fin al cepo aéreo para el turismo, habilitar la asistencia a estadios de fútbol (con un aforo del 50%) y boliches, entre otras. 

La búsqueda es clara: generar un impacto positivo en el electorado que sufrió las consecuencias socioeconómicas del parate y los límites impuestos desde la Casa Rosada. En cuanto a los barbijos, sin embargo, algunas provincias como Córdoba, Río Negro, Salta y Jujuy adelantaron que no se plegarán a la medida. En la CABA, las autoridades de salud señalaron que la disposición es prematura. Y otras jurisdicciones, como Catamarca, esperan la publicación del decreto en el Boletín nacional antes de dictar la norma local.

En cuanto a lo económico, el oficialismo considera esencial incrementar los ingresos de los argentinos, ya sea mediante el aumento de salarios o la reducción de impuestos.

Aquí se inscribe el aumento del salario mínimo desde el mes próximo, que no solo apunta al segmento más bajo de los trabajadores formales sino que tiene efecto sobre una porción de la sociedad que no tiene empleo: los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los jubilados, debido al impacto que el incremento salarial tiene en la fórmula de actualización de ingresos de esos sectores, más allá del bono previsto de $6.000.

Y también se anota en esa estrategia la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. La primera decisión implica un incremento del gasto público. La segunda, una pérdida de ingresos fiscales, que Economía apuesta a recuperar con el aumento del consumo, aunque cuenta con la venia del Ejecutivo de retocar el déficit fiscal para conseguirlo.

El problema crónico con estas políticas de alivio coyuntural en materia de ingresos per cápita es la inflación, que “devora” cualquier mejora salarial. Por caso, un informe de la consultora Focus Market indica que en los dos últimos años los salarios y las jubilaciones aumentaron 100% promedio, mientras que el precio del arroz subió 254%. Es decir, hoy una jubilación alcanza para comprar 43,5% menos de arroz que en 2019.

Tal vez el Gobierno apueste a que el alivio dure al menos hasta noviembre. Pero la medida de fondo seguirá siendo atacar la inflación.

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