EDITORIAL

El viejo debate en la actual coyuntura

lunes, 20 de septiembre de 2021 · 01:03

Una de las muchas controversias que jalonaron las discusiones en el contexto de la crisis política que vivió el gobierno nacional en la semana posterior a la derrota en las PASO tiene su anclaje económico. La vicepresidenta Cristina Kirchner considera, y así lo manifestó explícitamente en la carta pública que difundió el jueves, que el gobierno de Alberto Fernández llevó a cabo hasta ahora “una política de ajuste fiscal equivocada que impactó negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto tuvo consecuencias electorales”.

Fernández y sus funcionarios del área económica entienden, por su parte, que la política económica implementada no fue de ajuste fiscal, sino una administración responsable de los escasos recursos derivados del impacto en la economía argentina de –y en esto sí coincide con la vicepresidenta- las dos pandemias: la profunda crisis heredada del macrismo y la del coronavirus. En el Ejecutivo nacional creyeron que el manejo prudente de la economía, sin caer en una aceleración del gasto público, era suficiente para que el Frente de Todos hiciese una buena elección. Claramente no fue así. La caída del salario respecto de la inflación, que ya lleva por lo menos seis años, y las dificultades para que los sectores más vulnerables encuentren trabajo que les permita subsistir con dignidad fueron causas contundentes para explicar la mala elección del oficialismo.

Cristina Kirchner sostiene que las áreas del Ejecutivo subejecutaron el presupuesto aprobado para este año, que contemplaba un déficit del 4,5% del PBI. Argumentó que hasta agosto, ese nivel estaba en el 2,1% y quedaba un 2,4% pendiente de ejecución.

Desde esta perspectiva, si se hubiese gastado lo presupuestado con un ritmo de ejecución acorde a lo previsto, en obras públicas o políticas de contención de los sectores más vulnerables, la situación de esos sectores sería mejor, en términos relativos, que la actual.

Otros cálculos de economistas afines al oficialismo achican el porcentaje de lo subejecutado, pero coinciden en que la administración de Martín Guzmán puso excesivo celo en cuidar el gasto público, lo que en épocas de grave crisis como las que vive el país tiene fuerte costo social, y por ende político.

Más allá de los condimentos de la coyuntura, los términos del debate son viejos: hasta qué punto se puede invertir en gasto público que mejore la calidad de vida de los sectores más empobrecidos sin comprometer la solvencia fiscal. La respuesta no es unívoca. No se puede pensar solo en ajustar el déficit sin contemplar la angustiante situación de millones de personas, pero tampoco incurrir en gastos excesivos que desequilibren las cuentas del Estado.

Encontrar ese equilibrio requiere de acuerdos políticos que lo sustenten, no solo hacia adentro de la alianza gobernante, sino también en el conjunto de la dirigencia política, social y empresarial de la Argentina. Como dijo alguna vez el fundador del partido que actualmente gobierna, “nadie puede solucionar un problema social si antes no soluciona un problema económico, y nadie soluciona un problema económico sin antes solucionar un problema político”.n

Otras Noticias