EDITORIAL

Consenso contra los apremios y los abusos

viernes, 9 de julio de 2021 · 01:02

Una de las deudas que tiene la democracia argentina desde su recuperación en 1983 es la de erradicación de la violencia institucional, sobre todo en reductos como comisarías o cárceles, donde los apremios ilegales son moneda corriente. Se trata por lo general de abusos físicos, pero también de maltratos psicológicos consumados por efectivos de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario que no siempre se denuncian, y cuando sí se lo hace, los resultados no son siempre los esperados por las víctimas, pues las investigaciones, salvo excepciones, suelen no prosperar. 

Es probable, aunque no seguro, que esa deuda empiece a saldarse cuando se apruebe un proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional que promueve generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de ese tipo por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional. Además, plantea otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional y la creación del Observatorio nacional de Violencia Institucional, que monitoreará el cumplimiento de la norma y hará un seguimiento de los casos denunciados. 

La iniciativa ya cuenta con dictamen del plenario de las comisiones de Seguridad interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, de modo que será tratado –y seguramente aprobado, pues tiene consenso de oficialismo y un amplio sector de la oposición, aunque con algunas diferencias-  en la próxima sesión.
Una apartado muy interesante del proyecto es que promueve la capacitación del personal penitenciario y de las fuerzas de seguridad como medidas preventivas de la violencia institucional, pero también “políticas de bienestar del personal” y garantías “en la protección de su integridad psicofísica”.

Una de las razones por las que habitualmente no se investigan debidamente las denuncias de violencia institucional es que se radican en sedes policiales, por lo que la nueva norma propicia la creación de centros de denuncias para este tipo de hechos que serán atendidos por personal civil ajeno a las fuerzas y que, además, hayan cumplido la capacitación obligatoria de género dispuesta por la Ley Micaela. Las vías para formular las denuncias serán gratuitas, de fácil acceso y deberán contar con amplia difusión.

Si bien hay una coincidencia respecto del avance que la iniciativa significa en el contexto de la lucha contra la violencia institucional, persisten dudas, sustentadas en la realidad de otras leyes, en cuanto a la aplicación en la práctica de sus postulados. Ajustes de último momento en la redacción del proyecto permitirán, según sus impulsores, evitar que la ley se convierta en letra muerta.
Lo que sí resulta una certeza, es que el proyecto se enmarca en una estrategia correcta y sobre la cual hay una amplia coincidencia en la sociedad y también en la dirigencia política: comisarías y cárceles deben dejar de ser espacios donde se perpetren –y peor, se justifiquen- torturas, apremios y abusos.

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