Opinión

La deriva autoritaria de Daniel Ortega

jueves, 29 de julio de 2021 · 01:00

Se avecinan elecciones en Nicaragua. El 7 noviembre, Daniel Ortega debía enfrentar un proceso electoral que podría dejarlo fuera del gobierno por primera vez desde 2007. A estas alturas, ya no queda ninguna esperanza de que ese proceso cumpla con los estándares mínimos de transparencia que se esperan de una elección presidencial. De entrada, seis de los aspirantes a disputar el cargo de presidente se encuentran detenidos. Mientras la tensión aumenta, Ortega avisa que no dará el brazo a torcer: “Estamos juzgando criminales”. 

A modo explicativo, podemos dividir las detenciones en tres olas que se fueron sucediendo a lo largo de poco más de un mes. En el primer grupo de detenidos, se encuentran los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Madariaga y Juan Carlos Chamorro. De todos ellos, Chamorro lideraba la intención de votos y se perfilaba como la mayor amenaza para Ortega. Su historia, como la del presidente, se hunde profundamente en la trama política del país centroamericano, ya que es hija de Violeta Chamorro, la expresidenta que derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. 

En la segunda ola, las víctimas fueron líderes sociales, conocidos opositores al gobierno. En este grupo, encontramos a varios exsandinistas, es decir, excamaradas del propio Ortega. El sandinismo es un movimiento político nacido al calor de la lucha contra la dictadura somocista en los años 70. De un ideario amplio, plural y progresista, el movimiento devino en un partido sujeto al férreo control de Ortega en los 90. Algunos de los dirigentes detenidos durante la última semana abandonaron el partido cuando el control se hizo insoportable, ganando el rencor longevo del actual presidente.  De hecho, minutos antes de ser detenido, Hugo Torres contó haber formado parte de un operativo para sacar a Ortega y a otros sandinistas de la cárcel de Somoza. 

La tercera ola de detenciones tuvo como blanco principal a dirigentes estudiantiles y campesinos. Entre las últimas detenciones destacan las de Meraldo Mairena, dirigente campesino que también aspiraba a competir en las elecciones, y la de Lesther Aleman, el joven líder estudiantil que había desafiado a Ortega públicamente durante las mesas de negociaciones que se establecieron entre la oposición y el gobierno durante las protestas de 2018. “Ésta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado”, le dijo el joven nicaragüense al presidente de la Nación en un contexto de extrema represión social. 

Si las primeras detenciones parecían responder al deseo del mandatario de no arriesgar su cargo en elecciones competitivas, la segunda y tercera ola responden a la necesidad de evitar masivas protestas que se hagan eco de las de 2018 y amenacen la estabilidad de una gestión por demás deteriorada. En aquel momento, las manifestaciones en contra de una reforma del sistema de seguridad social, ahogado tras la pérdida del apoyo económico que el gobierno de Chávez supo dar a los gobiernos centroamericanos, derivaron, represión mediante, en movilizaciones generalizadas que demandaron el cambio total y completo de gobierno. 

Durante aquellos meses el gobierno sandinista mostró su peor cara, a tono con la actual ofensiva represiva. Las protestas, iniciadas por un grupo de jubilados, pronto convocaron a múltiples sectores sociales. La violencia con la que el gobierno enfrentó este descontento fue feroz. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubo, al menos, 300 muertes provocadas por el accionar de las fuerzas de seguridad. Solo por este medio Ortega logró mantenerse en el poder y a partir de ahí, inició una política de persecución y amedrentamiento contra aquellas personas que tuvieron un rol protagónico durante aquellos meses. Algunos estudiantes universitarios, por ejemplo, denunciaron acoso policial y vigilancia constante.

Pero volvamos al contexto actual, las detenciones fueron posibilitadas por la sanción de dos polémicas leyes a cargo de la mayoría sandinista en el congreso: la ley de defensa de los intereses del pueblo, la independencia, la soberanía y la autodeterminación y la ley de agentes extranjeros. La primera, una especie de caricaturización de las leyes contra la sedición que tienen la mayoría de los países del mundo, permite catalogar de “traidores a la Patria” a aquellas personas que “inciten a la injerencia externa en los asuntos internos”, “que se organicen con financiamiento externo para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” y que “exalten” la imposición de sanciones contra el Estado. Es claro que el cuerpo de la ley permite un gran margen de interpretación para hacer pasibles de sanciones a cualquier expresión de disenso. 

Por otro lado, la ley de agentes externos, obliga a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro de “agentes externos” si reciben financiamiento desde el exterior, estigmatizando así a las organizaciones, principal herramienta política de la oposición. De hecho, Cristiana Chamorro prefirió cerrar su ONG, que se dedicaba a promover la libertad de prensa y el periodismo independiente, antes que ceder al capricho sandinista. 

En este contexto de clara violación de los principios democráticos y de los Derechos Humanos más fundamentales, llama la atención la falta de una condena más resuelta del gobierno argentino. Si su negativa a acompañar la resolución de la OEA se entiende como una protesta contra la conducción de la entidad a cargo de Luis Almagro, cómplice del golpe de Estado en Bolivia y encubridor de los excesos de Carabineros en las represiones contra los manifestantes en Chile, la abstención en la ONU es más difícil de explicar. Es cierto que el retiro de los embajadores orquestado junto a Manuel López Obrador, presidente de México, es una señal fuerte, pero la larga tradición argentina en la protección y el fomento de los Derechos Humanos en el plano internacional parecen exigir una pronunciación más contundente.

Aquí no hay afinidad ideológica que valga. Las condenas a las violaciones de derechos humanos y a la ruptura de la continuidad democrática deben ser claras y contundentes. Si el gobierno de Alberto Fernández pretende posicionarse como un actor fuerte en el plano internacional en materia de respeto y promoción de los derechos humanos, consolidando así una alternativa de izquierda democrática para la región, la condena a estos episodios debe ser más sustantiva.

Mauro Cipolletti

LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS (UCC). ESPECIAL PARA EL ANCASTI.
 

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