CARA Y CRUZ

Patente de corso (II)

viernes, 23 de julio de 2021 · 01:06

La defensa de la verificación de subsistencia del estado parcelario publicada por el Consejo Profesional de Agrimensura de Catamarca y la Federación Argentina de Agrimensores insiste en enaltecer la contribución que tal instituto significaría para “proporcionar seguridad jurídica, defender al contratante (vendedor y comprador de buena fe), patrocinar el crédito y propender al saneamiento de títulos”, pero omite el elemento central de la crítica que se le hizo en este mismo espacio: se trata de un trámite que debe realizarse y pagarse indefectiblemente en toda operación inmobiliaria, cualquiera sean sus circunstancias. Como se consideró en la columna anterior, es una “patente de corso” corporativa a favor de los agrimensores: pago compulsivo, ineludible, a un profesional, que se impone aún cuando un escribano haya dado fe de la regularidad de las escrituras, la documentación de catastro esté en orden y ninguna de las partes que celebran el contrato abrigue duda alguna sobre los papeles en juego.

Nadie en su sano juicio podría estar en contra de que se requieran lo servicios del agrimensor cuando surgen dudas. El Consejo enumera algunas de estas eventualidades en su solicitada, publicada en la edición de ayer de este diario: “Desde su implementación, se detectaron superposiciones, construcciones mal posicionadas, replanteos con errores, etc”. La corporación, sin embargo, no especifica cuántas de estas anomalías se registraron ni qué porcentaje representan en el universo general de las transacciones inmobiliarias realizadas. 

Es un dato importante, pues no tienen que pagar la verificación parcelaria solo los que estén en falta, sino todos. Quiere decir que, justificado en, por ejemplo, un 10% de incorrecciones, tienen que ponerse el 90% de los que celebren contratos de este tipo, incluidos los requeridos para acceder a créditos en el sistema financiero. Es decir: para prevenir situaciones extraordinarias, se establece una gabela compulsiva y general. En cualquier caso, hay que destacar que la dichosa verificación debe obligatoriamente realizarse, y abonarse, transcurridos apenas cinco años de la última transacción del bien, con lo que se asistiría a enjuagues avalados también por agrimensores.

Resulta impertinente, por otro lado, comparar la verificación del estado parcelario con la verificación física vehicular de los automotores, ya que se están equiparando bienes inmuebles a bienes muebles, dos cosas distintas. Resulta mucho más sencillo adulterar números de carrocerías o motores que correr límites de lotes o medianeras sin que los propietarios lo adviertan.

La verificación del estado parcelario es compulsiva, ineludible en cualquier operación inmobiliaria.

En ningún párrafo de la columna se responsabiliza a los agrimensores “del atraso de la provincia”, ni se sostiene que las verificaciones de estados parcelarios sean innecesarias en determinados casos. Sí se opinó –y se sostiene- que se trata de un obstáculo que desalienta inversiones de envergadura al ser tan obligatoria para todas las operaciones como, por caso, el sellado.

“Nada se dice de que la implementación de la VESEP asegura al ‘inversor de envergadura’ que su emprendimiento se desarrollará en el espacio correcto y le evitará posibles conflictos y graves pérdidas económicas comparado al ínfimo costo de una VESEP frente a la inversión”, dice el Consejo de Agrimensura.

El párrafo es una delicia. Admite que es un pago que los contratistas deben realizar “por las dudas” , aunque hayan, como suele ocurrir, tomado todas las previsiones para verificar ellos mismos lo que están comprando o vendiendo, quizás incluso recurriendo a un agrimensor.

Habría que ver, aparte, qué es lo que los agrimensores estiman como “ínfimo costo”, pues tal vez lo que para ellos es ínfimo para otros no lo es tanto.

El sentido del análisis era consignar cómo, por obra y gracia del gobernador agrimensor Eduardo Brizuela del Moral, se sumó otro gasto superfluo y parasitario a la cadena que deben cargar las inversiones en Catamarca. Esto no implica menoscabar la agrimensura ni sus profesionales, sino marcar la imposición a particulares de servicios en la mayoría de los casos prescindibles. n

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