CARA Y CRUZ

Protección necesaria

Una de las mujeres que lo denunció por abuso sexual y violencia de género...
martes, 15 de junio de 2021 · 01:10

Una de las mujeres que lo denunció por abuso sexual y violencia de género, pidió la inmediata detención del intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz. 
“Hoy presentamos nuevos elementos probatorios que señalan que Guaraz no solo habría cometido el delito de violencia de género, sino que habría otros delitos gravísimos, como privación ilegítima de la libertad con fines sexuales; además, hizo utilización de recursos del municipio para uso personal. Se trata de una persona que puede y tiene los elementos para entorpecer el proceso. De hecho, no entendemos cómo a nueve días de realizada la denuncia aún no se lo llamó a indagatoria. Creemos que el fiscal cuenta con los elementos para hacerlo", manifestaron los abogados de la víctima al interponer el planteo, el viernes pasado. 

Si bien el expediente judicial recién se inicia, el abordaje del caso de Guaraz amerita considerar particularidades para nada tranquilizadoras. 
Los antecedentes marcan que maneja su comuna como un feudo, con una temeridad que no trepidó en avasallar con las instituciones ni confrontar con el propio Gobierno de la Provincia. No es descabellado que pretenda utilizar su poder como intendente para intimidar a quienes osaron denunciarlo o a sus relaciones, residentes de Santa Rosa. 
Los argumentos de los abogados son más que atendibles. Quizás la detención no resulte procedente desde el punto de vista legal, pero es indiscutible lo conveniente de que la Justicia y las autoridades tomen medidas para sustraer a las presuntas víctimas de cualquier eventual represalia o presión del sospechoso.
La peripecia de Enrique del Carmen Aybar, ex intendente de Puerta de Corral Quemado condenado por el ultraje de una adolescente, es ilustrativa. Transitó los siete años entre la denuncia y la sentencia en ejercicio del cargo, mientras la víctima y su madre trajinaban tribunales amparadas solo por agrupaciones dedicadas a militar la igualdad de género. 

Aybar dilató todo lo que pudo el proceso y fue reelecto dos veces mientras pesaba sobre él la imputación. No se privó de usar los resortes que le suministraba la administración de la comuna para amenazar, amedrentar y tratar de sobornar tanto a quienes lo habían expuesto ante la Justicia como a quienes pudieran testificar en su contra. Es probable que la causa haya llegado a juicio solo porque se tramitó en la Capital, debido a que el abuso se perpetró en este distrito.
Tras la condena, el silencio que había guardado la mayoría de la clase política durante siete años dio paso a una catarata de repudios y se modificó la ley Orgánica de Municipalidades para introducir entre las causales de remoción de intendentes y concejales la condena por delitos dolosos.
El caso Guaraz no reúne los extremos requeridos por la nueva ley, ni siquiera ha sido todavía imputado. No obstante, su estilo se caracteriza por la prepotencia y la arbitrariedad, de manera que no sería prudente descartar reacciones contra las denunciantes. Más vale prevenir que curar.


Por lo pronto, se las arregló para frustrar una sesión del Concejo Deliberante en el que ediles opositores pretendían someter su situación judicial a análisis y postular su suspensión en el cargo. El cuerpo es presidido por su hermana, Esther Guaraz, a quien el concejal Mario Páez acusó de mantener cerrado el edificio para impedir su funcionamiento.
Curiosamente, las denuncias contra Guaraz no provocaron pronunciamientos y repudios políticos en masa similares a los que sucedieron a la condena a Aybar.
Razón de más para que la Justicia disponga medidas tendientes a amparar a las mujeres que lo denunciaron. n

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